El Gobierno nacional delineó los proyectos que buscará impulsar durante 2026 y dejó en un segundo plano la cobertura de vacantes en la Corte Suprema y en otros cargos del sistema judicial. Si bien el máximo tribunal funciona con dos lugares sin ocupar y existen decenas de nombramientos pendientes en distintos fueros, la estrategia oficial se enfocará primero en reformas políticas, tributarias y en la modificación de la Ley de Glaciares.

Actualmente la Corte Suprema tiene dos vacantes luego de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. A esa situación se suma la falta de designación de 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, lo que representa cerca del 40% de los cargos del sistema judicial nacional. En el Ministerio de Justicia ya tendrían definidos varios nombres para cubrir esos puestos, pero la decisión final depende del Poder Ejecutivo y del envío de los pliegos a la Cámara alta.

En reuniones recientes, la conducción oficialista analizó el escenario legislativo y evaluó con qué respaldo cuenta La Libertad Avanza para avanzar con las iniciativas que ya están en tratamiento. El objetivo es ordenar la agenda antes del inicio formal de las sesiones ordinarias y concentrar esfuerzos en los proyectos que consideran prioritarios para esta etapa.

Entre los temas centrales figura una reforma política que incluye mayores controles sobre el financiamiento de los partidos y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. También se estudia incorporar a la Boleta Única de Papel un casillero adicional que permita votar a todos los candidatos de un mismo espacio con una sola marca.

El Ejecutivo además buscará acelerar el tratamiento de modificaciones a la Ley de Glaciares, cuyo debate está previsto en el Senado, junto con cambios en el sistema tributario y la presentación de un nuevo Código Penal. A esto se suman iniciativas vinculadas al compromiso de estabilidad fiscal y monetaria firmado en el Pacto de Mayo y el proyecto de Ley de Libertad Educativa.

En este esquema, los nombramientos judiciales no desaparecen de la agenda, pero quedan relegados frente a otras prioridades legislativas. Mientras tanto, el oficialismo sigue de cerca la posición del kirchnerismo y de otros bloques, que resultarán determinantes al momento de negociar los acuerdos necesarios para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.