El debate en el Senado por la reforma de la Ley de Glaciares 26.639 encendió una fuerte alarma en el ámbito científico, ambiental y jurídico. Más de 30 organizaciones sociales y ambientales advirtieron que el proyecto impulsado por el oficialismo implica un vaciamiento de la norma vigente y pone en riesgo uno de los marcos legales más importantes para la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La licenciada Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, fue contundente: los glaciares y ambientes periglaciares "almacenan agua en forma de hielo y la liberan en períodos secos, sosteniendo ríos, poblaciones y actividades productivas". Según explicó, estas reservas tardaron miles de años en formarse y cumplen una función estratégica en regiones áridas y semiáridas. "Si se destruyen, no hay forma de recuperarlos", remarcó.

La reforma propone redefinir qué cuerpos de hielo quedarían protegidos y delega en las provincias la determinación de qué glaciares cumplen funciones hídricas, desplazando el rol técnico del IANIGLA, organismo dependiente del CONICET encargado del Inventario Nacional de Glaciares. Para los especialistas, este cambio es extremadamente riesgoso porque traslada decisiones científicas a autoridades políticas que pueden tener intereses vinculados al desarrollo minero.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostienen que la modificación es ilegal e inconstitucional, ya que vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental. El proyecto, aseguran, rompe el principio de tutela común en todo el territorio nacional y habilita una suerte de "federalismo de fragmentación", donde cada provincia podría decidir qué proteger y qué no, debilitando la protección uniforme del ambiente.

Además, las organizaciones advierten que la iniciativa desnaturaliza el principio precautorio, omite los principios de progresividad y no regresión ambiental —reconocidos incluso en el Acuerdo de Escazú— y convierte a la evaluación de impacto ambiental en una coartada para permitir actividades extractivas en zonas actualmente prohibidas. Para los críticos, se trata de un claro retroceso que pasa por alto la evidencia científica y la autoridad de los organismos técnicos.

El trasfondo del debate es el avance de proyectos mineros en áreas periglaciares. La ley vigente prohíbe actividades que puedan alterar la dinámica natural de los glaciares, precisamente porque intervenir en esos ecosistemas implica perder hielo que no se regenera. En un contexto de crisis climática y creciente escasez hídrica, flexibilizar la principal norma que protege el agua de montaña es, según las organizaciones, una decisión que prioriza el extractivismo por sobre el derecho colectivo al ambiente sano.

"El agua es un recurso vital. No es oro ni cobre. Es agua", insisten los especialistas y referentes socioambientales. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para atraer inversiones, las voces críticas advierten que está en juego mucho más que un marco regulatorio: se trata de la protección de las reservas estratégicas de agua dulce que sostienen la vida y la producción en amplias regiones del país.