La Cámara de Apelaciones de Nueva York cambió el rumbo del caso YPF, dejó sin efecto la condena millonaria contra la Argentina y reabrió la discusión sobre dónde y cómo debía juzgarse la expropiación. 

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York modificó un fallo que había puesto al país contra las cuerdas. En primera instancia, la jueza Loretta Preska había condenado a la Argentina a pagar más de US$16.100 millones por la forma en que se realizó la expropiación de YPF en 2012.

Ahora, el tribunal de alzada revisó esa sentencia, la dejó sin efecto y volvió a poner en discusión aspectos centrales del caso. En los hechos, la Argentina gana tiempo y, sobre todo, evita por ahora el pago de una cifra histórica.

¿Qué cambió con el fallo?

El eje de la decisión pasa por cuestionar la base jurídica sobre la que se apoyó la condena inicial. La jueza Preska había entendido que el Estado violó el estatuto de YPF al tomar el control de la empresa sin lanzar una oferta pública para comprar las acciones del resto de los socios.

Ese punto fue clave porque habilitó los reclamos de los accionistas minoritarios, entre ellos las firmas Petersen y el fondo Eton Park, cuyos derechos de litigio quedaron luego en manos de Burford.

La Cámara de Apelaciones, en cambio, revisó esa interpretación y abrió la puerta a que el caso no se analice bajo esos mismos parámetros, lo que debilita la base del reclamo millonario. 

El argumento de Argentina

La defensa del Estado insistió en un planteo que ya había presentado en otras etapas: el juicio no debía tramitarse en Estados Unidos, sino en tribunales argentinos.

El razonamiento es jurídico y determinante. Según la Argentina, el conflicto surge de una tensión entre dos normas locales: La ley de expropiación de 2012, que habilitó al Estado a tomar el control de YPF y el estatuto de la empresa, que obliga a quien adquiere más del 15% de las acciones a hacer una oferta al resto de los accionistas.

Para el país, esa discusión sobre qué norma prevalece es de derecho argentino y, por lo tanto, debía resolverse en la Argentina. La Cámara tomó ese cuestionamiento como válido para revisar la sentencia. 

Los otros planteos en juego

Además de la cuestión de jurisdicción, la defensa argentina había cuestionado la interpretación que hizo Preska sobre el derecho local. Sostuvo que aplicó de manera incorrecta normas de derecho societario y administrativo argentino.

En paralelo, planteó una alternativa: si la condena se mantenía, el monto debía recalcularse. El argumento apuntaba al tipo de cambio utilizado. Según el Estado, la indemnización debía fijarse con valores de 2023 y no de 2012, lo que reducía el pago a unos US$4920 millones.

Con la revocación del fallo, ese debate económico queda en suspenso, porque primero deberá resolverse la cuestión de fondo. 

¿Qué puede pasar ahora?

El proceso no está cerrado. Todas las partes aún pueden intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran poco probable que el máximo tribunal lo tome.

Mientras tanto, el expediente vuelve a una etapa de discusión clave: definir bajo qué reglas y en qué jurisdicción se juzga la expropiación. De esa respuesta depende si el reclamo multimillonario se sostiene, se reduce o se cae.