El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.805, que crea un régimen excepcional para regularizar armas de fuego de uso civil y de uso civil condicional que se encuentren fuera del sistema registral o presenten irregularidades en su documentación. 

La iniciativa, aprobada por el Congreso el pasado 14 de mayo, entrará en vigencia el 18 de julio y otorgará un plazo de 360 días para que los poseedores de este tipo de armamento puedan inscribirlo ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La medida alcanza tanto a armas de fuego como a sus repuestos principales. En los casos en que el titular no cuente con la condición de legítimo usuario, deberá iniciar simultáneamente el trámite correspondiente para obtener esa habilitación.

La ANMAC será la encargada de verificar la información técnica y registral de cada arma para incorporarla al Banco Nacional Informatizado de Datos. Además, deberá informar a los solicitantes sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas y sobre las alternativas de entrega voluntaria disponibles.

Exención de sanciones

Uno de los aspectos centrales de la ley es que quienes regularicen su situación dentro del plazo previsto quedarán exentos de sanciones administrativas y de las penas contempladas por el artículo 189 bis del Código Penal para la tenencia ilegal de armas de fuego. 

No obstante, el beneficio no alcanzará a las personas que ya se encuentren imputadas en causas judiciales vinculadas con la posesión irregular del arma al momento de iniciar el trámite.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo es incentivar que armas actualmente fuera del sistema estatal sean identificadas y registradas, sin afectar investigaciones judiciales que ya se encuentren en curso.

Entrega voluntaria hasta 2027

La legislación también prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. 

A través de este mecanismo, cualquier ciudadano puede entregar un arma de manera anónima para su destrucción, sin necesidad de justificar su procedencia ni brindar explicaciones sobre su tenencia.

La extensión del programa tendrá efecto retroactivo al 1 de enero de 2024 y busca mantener una herramienta que permita retirar armamento de circulación mientras avanza el proceso de regularización previsto por la nueva ley.