Luego del impacto social que generó el femicidio de Agostina en Córdoba; diputados nacionales de la oposición, en su mayoría mujeres lograron emitir dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra las mujeres y diversidades. 

La iniciativa, tratada en una reunión de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación bajo la conducción de Gabriela Estévez (UP), consiguió 16 firmas y no contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza. 
El proyecto plantea la declaración de la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años, con opción a prórroga por el mismo plazo, con la meta central de prevenir y disminuir los índices de la violencia machista.
Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand (UxP) lamentó tener que afrontar esta discusión con la necesidad "urgente y triste de pedir que nos dejen de matar" porque "sigue siendo una problemática y una emergencia real en el país".
Sand argumentó que los datos estadísticos justifican plenamente la emergencia nacional y advirtió que cualquier legislación es inútil sin "decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos" por parte del Estado. 
Algunas cifras
La diputada Sand alertó sobre el recrudecimiento de la violencia durante 2026 y repasó el historial reciente: en 2024 se reportaron 147 femicidios (uno cada 39 horas, mayormente en ámbitos domésticos), mientras que en 2025 la cifra osciló entre 200 y 271 muertes (un caso cada 44 horas, con más del 80% de los atacantes pertenecientes al entorno íntimo).
Buenos Aires concentra el mayor volumen de casos, y Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy las tasas más altas por habitante en 2025, Sand precisó que en lo que va de 2026 ya se contabilizan entre 95 y 105 víctimas fatales (un crimen cada 35 horas).