La Justicia Federal llevó adelante una serie de ocho allanamientos simultáneos en Presidencia Roque Sáenz Peña en el marco de una investigación por presuntas maniobras de contrabando y lavado de activos. Los procedimientos alcanzaron a un conocido comercio mayorista de indumentaria del barrio Sarmiento denominado Roma y a distintos domicilios particulares vinculados a los principales investigados.

Durante los operativos se incautó mercadería importada que "no cuenta con el aval aduanero". Posteriormente, la fuerza federal precisó que fueron secuestradas prendas de vestir extranjeras valuadas en aproximadamente $180 millones, cuya procedencia y documentación son materia de investigación.

La pesquisa fue impulsada por la División Unidad Operativa Federal Sáenz Peña a partir de la detección de presuntas irregularidades en el ingreso y comercialización de prendas extranjeras, en posible infracción al Código Aduanero. Según informó la Policía Federal, mediante tareas de inteligencia y análisis patrimonial se estableció que los investigados poseían bienes, inmuebles y vehículos de alta gama que no guardarían relación con la actividad económica declarada, situación que derivó en la hipótesis de lavado de activos.

Como resultado de los ocho procedimientos, los agentes también secuestraron $80.729.000 en efectivo y 600 dólares estadounidenses, además de armas de fuego de distintos calibres, equipos de comunicación, teléfonos celulares y abundante documentación. Asimismo, fueron incautados vehículos de media y alta gama. De acuerdo con la información oficial, el valor estimado del total de los bienes secuestrados alcanza los $700 millones.  

La hipótesis investigativa sostiene que parte de la mercadería habría ingresado al país sin la documentación correspondiente para luego ser distribuida y comercializada. 

La causa tramita ante la Fiscalía Federal de Sáenz Peña y permanece bajo secreto de sumario, mientras continúan las pericias sobre la documentación, los teléfonos y los demás elementos secuestrados.

Hasta el momento, no se informaron personas detenidas y los principales investigados quedaron supeditados a la causa. La defensa técnica del comerciante involucrado quedó en manos del abogado Juan Pokorny, mientras la investigación federal continúa para determinar el origen de los fondos, la procedencia de la mercadería y las eventuales responsabilidades penales por las maniobras bajo análisis.