El Senado se prepara para retomar el debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en el régimen de tierras rurales y otros aspectos vinculados con expropiaciones y desalojos.  

El tratamiento quedó previsto para el próximo jueves 6 de agosto, después de que la Cámara alta resolviera pasar a un cuarto intermedio. Durante la discusión en comisiones, la senadora Patricia Bullrich presentó el dictamen del oficialismo y sostuvo que la regulación de las compras de tierras por extranjeros debería quedar principalmente en manos de las provincias. 

Uno de los puntos centrales de la iniciativa afecta la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden controlar más del 15% de las tierras rurales del país. Ese mismo límite se aplica en cada provincia, municipio, departamento o división administrativa equivalente.

La norma también dispone que los titulares de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo permitido para extranjeros y fija un máximo de 1.000 hectáreas por propietario en la denominada zona núcleo, o su superficie equivalente en otras regiones.  

Casi 13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras

Los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales indican que alrededor de 13,26 millones de hectáreas se encuentran registradas en manos extranjeras. La cifra representa el 4,97% de la superficie rural computada en todo el país. 

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, calcula que esa extensión equivale a una superficie similar a la de Inglaterra. Estados Unidos encabeza la tenencia por nacionalidad, con aproximadamente 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia, con cerca de 2 millones, y España, con 1,7 millones.  

A escala provincial, ninguna jurisdicción supera actualmente el límite legal del 15%. Las mayores proporciones se registran en Salta, con el 11,40%; Misiones, con el 11,29%; San Juan, con el 10,36%; Mendoza, con el 9,06%; y Catamarca, con el 8,22%. Los datos oficiales fueron actualizados por última vez en agosto de 2025.

Cinco departamentos tienen más de la mitad de sus tierras extranjerizadas

El panorama cambia cuando el análisis se realiza por departamentos o partidos. El relevamiento identificó 36 jurisdicciones locales que ya superan el límite del 15% previsto por la legislación nacional.  

Los cinco casos con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras son:

San Carlos, Salta: 59,82%.
Molinos, Salta: 57,79%.
General Lamadrid, La Rioja: 56,70%.
Lácar, Neuquén: 54,17%.
Campana, Buenos Aires: 50,27%.

El Observatorio de Tierras advirtió que buena parte de estas jurisdicciones se encuentra en zonas fronterizas, cordilleranas o vinculadas con recursos estratégicos, como fuentes de agua, minerales, bosques y corredores logísticos. 

El corredor del río Paraná, entre las zonas más comprometidas

Otro de los focos de atención se encuentra sobre la cuenca del río Paraná. En Misiones, el departamento de Iguazú registra un 39,95% de tierras rurales en manos extranjeras; Montecarlo, un 18,36%; General San Martín, un 16,78%; y Eldorado, un 16,24%.

En Corrientes, Ituzaingó alcanza el 33,90% y Berón de Astrada el 32,72%. En Buenos Aires, además del caso de Campana, Zárate presenta un nivel de extranjerización del 24,80%.

Desde el Observatorio señalaron que estas jurisdicciones ocupan posiciones relevantes por su cercanía con puertos, fronteras internacionales y la principal vía navegable del país. Su último informe puso especialmente el foco en Misiones, Corrientes y Entre Ríos, provincias atravesadas por el corredor fluvial del Paraná.

En Chaco, el porcentaje es uno de los más bajos: 2,74% con un total de 246.275 hectáreas pertenecientes a capitales de origen suizo. 

Qué podría cambiar con el proyecto

El texto debatido en el Senado modifica el alcance de la Ley de Tierras y elimina herramientas como los topes generales por territorio, nacionalidad y superficie. Además, redefine qué actores serían considerados extranjeros y concentra las restricciones principalmente sobre Estados foráneos o empresas con participación estatal extranjera.  

El oficialismo sostiene que la regulación actual desalienta inversiones y propone que cada provincia pueda establecer sus propias condiciones. Quienes cuestionan la reforma advierten, en cambio, que una flexibilización podría acelerar la concentración de tierras en zonas con recursos naturales o ubicaciones estratégicas.

La discusión llegará nuevamente al recinto en medio de negociaciones políticas y modificaciones sobre el texto original. El capítulo referido a las tierras rurales continúa siendo uno de los puntos que genera mayores resistencias entre los distintos bloques.