El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la puesta en marcha del Programa para la Detección y Bloqueo de Telefonía Móvil en establecimientos penitenciarios, un esquema al que las provincias podrán sumarse mediante un convenio específico con la Nación. La Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial, apunta a impedir que los internos coordinen delitos desde el encierro, incluso si logran cambiar la tarjeta SIM del equipo intervenido.

El mecanismo alcanza tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI, que identifica al aparato; el IMSI, asociado a la línea; y el número telefónico vinculado. Una vez identificados dentro de una cárcel, esos datos se remiten a las compañías de telefonía móvil, que quedan obligadas a bloquearlos.

La adhesión al programa será voluntaria para cada jurisdicción provincial, que además deberá asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos de detección. La Subsecretaría de Articulación Federal quedó a cargo de gestionar el esquema con las provincias que decidan sumarse, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional —a cargo de Alejandra Monteoliva— funcionará como única ventanilla para trasladar los pedidos de bloqueo a las empresas prestadoras. Esto implica que ninguna provincia podrá, por sí sola, ordenar la inhabilitación de una línea ante las telefónicas.

El esquema se apoya en la Ley 24.660, que en su artículo 160 prohíbe las comunicaciones por celular dentro del sistema penitenciario, y en un manual de procedimiento técnico que el ENACOM había aprobado semanas atrás mediante la Resolución 734/2026. Ese documento reparte responsabilidades: el ministerio provincial con competencia penitenciaria debe identificar los equipos activos en zonas restringidas y reportarlos a la ventanilla nacional; el servicio penitenciario de cada provincia debe monitorear en forma remota los sistemas de detección y avisar cualquier incidente de inmediato; y las operadoras, una vez recibida la solicitud formal, cuentan con un plazo máximo de 48 horas para confirmar que ejecutaron el bloqueo.

El protocolo también prevé sectores de guarda de celulares para el personal autorizado a portar equipos dentro de los penales —agentes penitenciarios, jueces, abogados, veedores de organismos de control y representantes diplomáticos o consulares—, ubicados fuera de las áreas sujetas a detección. El cumplimiento del sistema quedará sujeto a auditorías periódicas, y toda la información sobre los IMEI e IMSI detectados deberá manejarse bajo confidencialidad estricta.

En el plano operativo, cada provincia adherida deberá cargar diariamente un reporte en formato CSV con los códigos detectados en sus establecimientos, discriminados por las cinco operadoras que prestan servicio en el país, en un servidor habilitado por el Ministerio. Por cada compañía se generan dos archivos —uno con los IMSI y otro con los IMEI— con una nomenclatura estandarizada que incluye el nombre de la prestadora y la fecha del reporte.

La medida llega en un contexto en el que Chaco ya cuenta con su propia política de restricción para las cárceles provinciales. El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, ratificó en marzo la prohibición del uso de celulares en los penales chaqueños, una medida de la gestión Zdero que limita los dispositivos a fines educativos o de comunicación con la defensa legal, bajo controles permanentes. Resta confirmar si la provincia avanzará en la adhesión al nuevo esquema nacional para sumar la tecnología de bloqueo de IMEI e IMSI a los controles ya vigentes.