PESE A LAS SANCIONES, UNA EMPRESA BRITÁNICA RATIFICÓ QUE EXTRAERÁ PETRÓLEO EN LAS ISLAS MALVINAS
Rockhopper confirmó que mantiene el inicio de la producción para el primer trimestre de 2028 y aseguró que cuenta con respaldo británico. Argentina sostiene que las operaciones violan la legislación nacional y ya inició procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas al proyecto.
La petrolera británica Rockhopper Exploration ratificó este miércoles que mantiene sus planes para comenzar a extraer petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028, pese a las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion.
La compañía confirmó el cronograma al presentar sus resultados correspondientes al primer semestre de 2026. El proyecto avanza en aguas ubicadas unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya soberanía es reclamada por la Argentina y que permanece bajo administración británica.
Sea Lion es operado por la petrolera Navitas, que posee el 65% de participación, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Según el reporte difundido este miércoles, las obras continúan y las perforaciones para la primera etapa están previstas para comenzar a principios de 2027.
"El primer petróleo en NDA 1 sigue previsto para el primer trimestre de 2028", afirmó el director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody. El empresario también destacó que la compañía cuenta con financiamiento para llegar hasta esa instancia y con el "continuo y sólido apoyo" de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas.
Rockhopper sostuvo además que las medidas promovidas desde Buenos Aires no modificarían el desarrollo ni el calendario de Sea Lion. En septiembre, Navitas había señalado que opera con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y con respaldo del Gobierno británico.
Por su parte, el Reino Unido rechazó formalmente las acciones argentinas. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó las acusaciones contra compañías y personas vinculadas con las actividades en las islas como "inaceptables" y sostuvo que carecen de "justificación jurídica".
LA RESPUESTA ARGENTINA
Durante septiembre, el Gobierno nacional inició procedimientos sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Los primeros expedientes alcanzaron a 45 sujetos y posteriormente se incorporaron otros 15.
Además, Cancillería presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y otras empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino sostiene que esas operaciones infringen la Ley 26.659.
La normativa establece que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la Plataforma Continental Argentina deben contar con habilitación de las autoridades nacionales. También prohíbe participar, financiar, prestar servicios o realizar operaciones con compañías que lleven adelante esos proyectos sin autorización.
QUÉ SANCIONES PREVÉ LA LEY
La Ley 26.659 contempla una inhabilitación de entre cinco y veinte años para las personas físicas o jurídicas que incumplan sus disposiciones. En caso de que tengan concesiones hidrocarburíferas en la Argentina, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias, además de perder beneficios impositivos o previsionales.
En materia penal, la norma establece penas de entre cinco y diez años de prisión para quienes realicen actividades de exploración sin autorización, además de multas calculadas sobre el valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo.
Para los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas previstas ascienden a entre diez y quince años de prisión y multas equivalentes al valor de entre 150.000 y 1,5 millones de barriles de crudo.
Cuando las infracciones sean atribuidas a personas jurídicas, la ley también contempla multas, suspensión total o parcial de actividades por hasta diez años, impedimentos para participar en contrataciones con el Estado e incluso la cancelación de la personería jurídica en determinadas circunstancias.
fm los angeles
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