El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 15 de octubre. La decisión se produce en medio de un escenario de creciente tensión sindical y universitaria, con movilizaciones previstas frente al Congreso.

La medida de fuerza impulsada por ATE incluirá una concentración desde las 13.30 en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde los manifestantes reclamarán la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Desde el sindicato anticiparon que la protesta podría afectar la atención en distintos organismos nacionales, entre ellos Anses, PAMI, Migraciones, Senasa, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) .

En los hospitales se garantizarán guardias mínimas y atención de urgencias. También podrían sumarse dependencias provinciales y municipales, aunque el alcance de la medida dependerá de cada jurisdicción.

La jornada coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria  y con un intento de sectores de la oposición de abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados para avanzar contra el DNU 70/2023. Sin embargo, desde la Casa Rosada consideran que, por el momento, la oposición no cuenta con los legisladores suficientes para alcanzar el quórum.

EL GOBIERNO BUSCA UN ACUERDO CON LAS UNIVERSIDADES

En paralelo al conflicto sindical, el Ejecutivo nacional abrió negociaciones para incrementar los fondos destinados a las universidades públicas dentro del Presupuesto 2027.

El proyecto presentado por el Gobierno contempla aproximadamente $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama alrededor de $11 billones  para garantizar su funcionamiento.

Aunque la Casa Rosada admite la posibilidad de aumentar las partidas, descarta alcanzar el monto solicitado por los rectores y sostiene que cualquier modificación deberá respetar el equilibrio fiscal.

Las conversaciones también incluyen cuestiones salariales, tributarias y previsionales, particularmente el régimen de contribuciones patronales que alcanza a las universidades nacionales.

Actualmente, la alícuota prevista para 2026 es del 13,65% y aumentará progresivamente hasta alcanzar el 17,13% en 2030. Este esquema forma parte de los puntos que podrían revisarse para alcanzar un entendimiento.