El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas, dispuso solicitar información a la FIFA sobre transferencias que sumaron cerca de US$190.000 y fueron acreditadas en una cuenta bancaria del dirigente.

El pedido será enviado a Suiza, donde tiene su sede la entidad que gobierna el fútbol mundial. La Justicia busca conocer el motivo de los pagos y obtener un detalle de los honorarios, viáticos, dietas y otras sumas que Tapia pudo haber recibido desde 2016, junto con los cargos que justificaron esas transferencias.

La medida se tomó a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que analiza la evolución patrimonial de Tapia durante su desempeño como funcionario del ente público CEAMSE.

Los registros bancarios identificaron tres transferencias provenientes de la FIFA por un total de US$189.578. Los movimientos se registraron entre 2018 y 2020.

La fiscalía advirtió que esos ingresos no aparecerían consignados en las declaraciones juradas incorporadas al expediente. Por ese motivo, solicitó documentación que permita establecer el origen y el concepto de los fondos, así como las funciones por las que fueron abonados. 

La investigación no implica por sí misma que los pagos constituyan un delito. El objetivo de las medidas es reunir información para determinar si existe alguna inconsistencia patrimonial que requiera una explicación.

Entre las medidas ordenadas, Lijo pidió al Sindicato de Choferes de Camiones que informe sobre 37 acreditaciones por aproximadamente $1,49 millones realizadas en una cuenta de Tapia entre 2016 y 2019.

El organismo deberá aportar su legajo laboral, detallar las funciones que desempeñó y presentar los recibos correspondientes a esos movimientos.

Además, el magistrado solicitó a la AFA documentación relacionada con tarjetas de crédito corporativas emitidas a nombre del dirigente. La entidad deberá informar quién autorizó su uso, cuáles eran los límites, qué gastos se realizaron y si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración. También deberá aportar información sobre transferencias a sus cuentas y la liquidación de unos $30 millones en viáticos declarados. 

Lijo también dispuso levantar el secreto fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia, para analizar su situación patrimonial. La medida se relaciona, entre otros elementos, con un depósito en efectivo de US$620.000 en una cuenta compartida y con otros vínculos financieros bajo análisis judicial.

La causa busca reconstruir los ingresos, bienes y movimientos económicos del dirigente desde su paso por el CEAMSE. Tapia ocupó cargos en ese organismo público entre 2016 y 2025, mientras que la investigación se inició a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

Las medidas ordenadas son parte de la etapa de recolección de pruebas y no constituyen una declaración de culpabilidad. La Justicia deberá analizar la documentación solicitada antes de determinar si existen irregularidades que justifiquen avanzar con nuevas actuaciones.