La Cámara de Diputados realiza este miércoles, desde las 12, una sesión especial pedida por La Libertad Avanza. El temario incluye los proyectos de discapacidad, endeudamiento familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que el oficialismo sumó la restitución de la Ley de Tierras. En los bloques estiman que el debate podría llegar a la madrugada del jueves y, según fuentes parlamentarias, extenderse hasta 24 horas.

La convocatoria llega una semana después de que la oposición no consiguiera quórum para derogar el DNU 70/23. Ahora la situación es la inversa: el oficialismo necesita 129 diputados presentes para abrir el recinto. LLA y sus aliados habituales (PRO, UCR, MID y partidos provinciales) suman cerca de 120 bancas. Por eso, otra vez, los legisladores que responden a los gobernadores tienen la llave de la sesión.

El martes, el presidente de la Cámara, Martín Menem, reunió a los jefes de los bloques aliados para ajustar los textos y hacer un conteo de votos. Según trascendió, el oficialismo tendría los números para aprobar su proyecto de discapacidad. En morosidad, en cambio, el resultado es más incierto.

Tierras: vuelve la ley de 2011

El primer punto del orden del día es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado. LLA le agregó un capítulo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma limita la compra de campos por parte de extranjeros. Fija un tope del 15% de titularidad extranjera sobre la superficie rural a escala nacional, provincial y municipal, y establece que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo.

El cambio va en sentido contrario al propio decreto y a la versión original del proyecto, impulsada por Federico Sturzenegger, que eliminaba el grueso de las restricciones. El texto conserva las reformas al Código Procesal Civil para acelerar los desalojos, además de los cambios en el régimen de expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad.

El giro se explica por los vaivenes judiciales. A fines de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. El argumento fue que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para presentar la demanda. Días después, la Asociación Civil Árbol de Pie, Magdalena Odarda y comunidades indígenas de Río Negro presentaron una aclaratoria. A partir de ese planteo, el tribunal suspendió en forma provisoria el artículo 154 hasta que un juzgado federal de Bariloche resuelva el amparo.

Con el nuevo artículo, el oficialismo busca que los límites queden firmes más allá de lo que decida la Justicia. Además, así desactiva el intento opositor de voltear el DNU 70/23. Con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales aliados, el Gobierno tendría los votos para aprobar el proyecto. Como el texto cambia, deberá volver al Senado. En la oposición hay dos posturas: no acompañar, por desconfianza ante un posible veto, o votar solo el capítulo de Tierras para darle una mayoría amplia.

Discapacidad: emergencia o ley permanente

En discapacidad, el dictamen de mayoría es el de LLA, firmado el 23 de septiembre con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID y otros bloques, varios de ellos en disidencia. Se denomina Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Ratifica los beneficios de la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad y la convierte en una norma permanente. Mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por inflación de las prestaciones y la pensión no contributiva, fijada en el 70% de la mínima.

Para asegurar apoyos, Menem hizo concesiones a los aliados sobre el cronograma de pago de las prestaciones y sobre las garantías de que el Ministerio de Economía cumpla con el presupuesto asignado. Durante la reunión del martes también se habría comprometido a que el Presidente no vete la ley acordada. Algunos sectores tomaron esa promesa con cautela por las diferencias internas entre los Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. A Caputo se lo señala como responsable de haber incluido en el Presupuesto 2027 el capítulo que derogaba los beneficios de la emergencia.

Ese capítulo sigue dentro del proyecto de Presupuesto. Prevé terminar con la actualización mensual del Nomenclador de Aranceles y hacer incompatibles las pensiones con el empleo formal. Entre los aliados con dudas está el misionero Oscar Herrera Ahuad, que encabeza el reclamo para que el costo fiscal figure en el texto y se refleje en el Presupuesto. Ante los diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, reconoció que el Ejecutivo hubiese preferido otra cosa. Aun así, aseguró que los números incluyen el financiamiento de la ley vigente.

Del otro lado, el dictamen opositor propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Lo firmaron Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda. Las organizaciones del sector advierten que hay 324.303 solicitudes de pensión sin resolver y un atraso arancelario del 30,67%. El autor de la prórroga, Juan Marino (UxP), sostuvo que la iniciativa "no tiene riesgo de veto". Su argumento es que la Ley 27.793 sigue vigente, el Congreso insistió frente al veto anterior y la Justicia ordenó cumplirla.

Morosidad, al final del temario

El endeudamiento familiar será el último tema de la jornada. En la oposición sospechan que LLA lo ubicó ahí con la expectativa de que se caiga el quórum antes de votarlo. Desde el oficialismo lo niegan.

El dictamen de mayoría lleva la firma de LLA, el PRO y la UCR. Se llama Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores. Apunta a la prevención y a la portabilidad del crédito, pero no fija tasas ni crea un régimen de refinanciación para los deudores más complicados.

El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declara la emergencia por 180 días. Crea un régimen para quienes, al 31 de agosto de 2026, tenían 60 días o más de mora o destinaban más del 30% del ingreso familiar a créditos de consumo. Prevé frenar ejecuciones y embargos, condonar punitorios y refinanciar en al menos 12 cuotas, sin que superen el 30% de los ingresos. Argentina Federal, por su parte, propone un plan de un año para quienes ganan hasta diez salarios mínimos. Si el oficialismo no mejora su propuesta, la oposición podría imponer su texto. Según el Banco Central, la morosidad fue de 12,81% en agosto, 0,13 puntos menos que en julio.

El resto del temario

Entre Propiedad Privada y discapacidad se tratarán otros dos proyectos. El primero es el dictamen de consenso sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, aprobado por unanimidad en comisión tras el caso del fentanilo contaminado. El segundo es la iniciativa del PRO contra el vandalismo rural, que prevé penas de prisión por la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos o infraestructura.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en Malvinas, quedó fuera de la sesión. El oficialismo no logró el quórum ni las firmas en el plenario de comisiones, que pasó al martes 27.