El Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto cambia los criterios para las internaciones involuntarias, amplía el concepto de adicciones y redefine quiénes integran los equipos que toman las decisiones más complejas sobre los pacientes. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y ahora pasa a la Cámara de Diputados.

El texto, enviado por el Poder Ejecutivo, modifica la ley 26.657, sancionada en 2010. Prioriza a los psiquiatras, aunque en las últimas horas de negociación se acordó la participación de psicólogos en los equipos interdisciplinarios, tras presiones de provincias y de algunas universidades. El oficialismo también aceptó incorporar el financiamiento federal, uno de los principales reclamos de los senadores del interior.

El dictamen de mayoría reunió los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Moveré Santa Cruz. Los 21 rechazos llegaron del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal.

El debate en el recinto

La puntana Ivanna Arrascaeta (LLA), presidenta de la comisión de Salud y miembro informante, destacó que más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y especialistas en derecho pasaron por las reuniones de comisión. Sobre la ley vigente, afirmó: "La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia".

Arrascaeta sostuvo que, en casi 16 años, la norma tuvo resultados insuficientes y avances dispares según cada jurisdicción. Calificó el articulado de desactualizado y mencionó una suba del 70% en las hospitalizaciones públicas después de la pandemia. "Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave", cerró.

Desde la vereda opuesta, el catamarqueño Guillermo Andrada, médico de profesión, puso el foco en la falta de recursos. "No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir", dijo. A su entender, a la norma de 2010 no se le dio la oportunidad de ser efectiva. El misionero Carlos Arce también cuestionó las partidas previstas para aplicar la reforma.

La mirada desde el Chaco

La radical Silvana Schneider, vicegobernadora del Chaco en uso de licencia, respaldó el proyecto con ejemplos de lo que enfrentan las familias en el interior del país. "Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo", advirtió.

En la misma línea se expresó la fueguina Belén Monte de Oca (LLA), que resumió su postura con una frase: "Se confundió libertad con abandono".

El santiagueño Gerardo Zamora, del Frente Cívico, cuestionó que se avance sin discutir cómo se financia la salud mental y lamentó que no se haya tenido en cuenta un proyecto presentado tiempo atrás. Habló de un "error de enfoque". La catamarqueña Lucía Corpacci, del bloque Justicialista, coincidió con esa crítica.

El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. Sostuvo que se generó una contradicción entre dos profesiones que atienden la salud mental y que los psiquiatras recibieron una acusación injusta, al ser señalados como violadores de los derechos humanos. "Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias", dijo. Agregó que hoy no se puede actuar ante situaciones que terminan en muertes o en violencia familiar. "Se dejó un tema sin resolver", remarcó, e insistió en la necesidad de intervenir a tiempo. También dio una cifra para dimensionar el escenario: 100.000 psicólogos frente a casi 4.000 psiquiatras en el país.

Qué cambia con la reforma

En las internaciones, la exigencia de un psiquiatra se reemplaza por la de un médico, preferentemente de esa especialidad o con formación en salud mental. La firma deberá acompañarla un segundo profesional, que tendrá que ser psicólogo y que intervendrá tanto en la evaluación como en una eventual alta. Para ese segundo firmante se quitó la palabra "preferentemente", para no dejar margen a interpretaciones.

El tema fue uno de los puntos de mayor tensión entre Nación y las provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (COFESA), igual que el reclamo por fondos. Para despejar dudas, el oficialismo redactó de forma más taxativa los artículos sobre financiamiento. Además, se habilita la teleconsulta en los lugares con menos profesionales especializados.

La reforma amplía el concepto de adicciones para incluir, entre otras, a la ludopatía. También delimita qué familiares pueden representar a los pacientes: padres o hijos, además de representantes legales, cónyuges y convivientes. Si no aparece ningún responsable, el Estado queda obligado a garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para niños y adolescentes, el texto prevé equipos y dispositivos diferenciados de los de adultos. Incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. La internación de un menor en una unidad de adultos queda restringida a casos de imposibilidad acreditada y por el tiempo mínimo indispensable.

El proyecto mantiene la prohibición de los manicomios y restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, con casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. Suma además un plan de egreso con objetivos y seguimiento.

También habilita a los pacientes a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar a una persona que exprese ese consentimiento cuando ellos no puedan hacerlo. Esa decisión anticipada deja de regir ante un riesgo grave para la vida.