Un total de 162 sentencias fueron dictadas durante este año por la Justicia Federal de Corrientes y el 90 por ciento de las mismas comprendieron casos de narcotráfico, además de la primera condena por contrabando de soja, informaron fuentes judiciales. Esta cifra superó las 134 sentencias dictadas en 2022, al tiempo que en 2023 hubo también un aumento de procesos abreviados en los que las partes llegan a un acuerdo sin llegar a la etapa de debate oral.

El fiscal federal correntino Carlos Schaefer explicó a Télam que el 90 por ciento de las 162 sentencias correspondieron a casos de narcotráfico y aclaró que a diferencia de Chaco y Formosa, en su provincia la justicia federal tiene bajo su órbita los casos de narcomenudeo, un fenómeno criminal que conforma el grueso de los expedientes resueltos. En ese sentido, la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes ha concretado este año 158 juicios abreviados, mientras que en 2022 fueron 144.

Con respecto a los juicios orales, desde el ministerio público indicaron que fueron condenadas 25 personas y 21 resultaron absueltas. En total, las personas condenadas entre juicios orales y abreviados durante 2023 fueron 276, como así también se solicitaron seis absoluciones.

Por otra parte, se suman a estos juicios dos procesos significativos como el de lesa humanidad denominado "VII Brigada", con siete represores condenados a penas de entre 25 y cuatro años de prisión, así como el tercer proceso por el secuestro extorsivo y desaparición del estudiante universitario Cristian Schaerer, que concluyó con un secuestrador sentenciado a 13 años de prisión como partícipe. También se resolvieron megajuicios como el de coimas de narcotraficantes a integrantes del juzgado federal 1 de Corrientes, que se extendió por seis meses y concluyó con cuatro condenados, entre ellos el exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila con una pena de 6 años de prisión.

A su vez, el fiscal Schaefer destacó que este año se llegó a la primera condena por tráfico ilegal de soja, con sentencias a cuatro años de prisión para un padre y su hijo que se ocupaban del traslado de la mercadería en el marco de la distribución de roles de una asociación ilícita en la que está imputado también el exintendente y actual concejal de la localidad correntina de Garabí, Erasmo Chukel.