Tras la situación actual, la gente se encuentra sumamente preocupada por la diferencia escalonada de precios en distintos comercios y locales. El nuevo DNU eximió leyes que obligaban a un control y regulación por parte del Estado, es por ello que ahora surge la incógnita de si existe un ente que regule precios y quiénes marcan los precios y bajo qué criterios.

Desde Defensoría del Pueblo, Bernardo Voloj y Martín Alberto Marín explicaron cuál es la situación actual, que plantea preocupaciones sobre la disparidad de precios en diferentes comercios y locales, especialmente después de la derogación de leyes que antes obligaban a un control y regulación por parte del Estado.

Según Bernardo Voloj, de la Defensoría del Pueblo, la escalada de precios afecta la libertad de elección y solicita medidas locales para controlar los precios, especialmente en productos básicos y elementos esenciales como las garrafas de gas. Además, destaca la necesidad de diálogo con los empresarios del sector para abordar esta problemática.

Por otro lado, Martín Alberto Marín, asesor legal,  señala que la libertad de mercado puede ser adecuada en lugares con competencia, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no necesariamente en áreas con poca competencia, como Misión Nueva Pompeya, dice, por mencionar un ejemplo. En este sentido, destaca la importancia del gobierno en el control de abusos de precios y trato digno hacia los consumidores.

“Anteriormente existía un sistema de regulación de precios que establecía precios mínimos y máximos para evitar la escalada, así como programas que garantizaban ofertas al consumidor. Sin embargo, con la derogación de leyes como la de abastecimiento y góndolas, se ha generado incertidumbre sobre quiénes marcan los precios y bajo qué criterios”, cerró Voloj.