Caputo, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se comprometió a dejar de lado su plan original en el capítulo de jubilaciones: eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. En cambio, accedió a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC del mes anterior fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición seguía reclamando alguna compensación extra para que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde febrero.

En cuanto a las retenciones, La Libertad Avanza aceptó anular cualquier tipo de incremento impositivo en las economías regionales (aunque había sectores que no fueron incluidos en el listado final), pero dejó firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y la suba para los derivados de soja, el trigo y el maíz.

Además, acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales con potencial de venta y eliminar casi por completo el capítulo que incluía la reforma electoral, que por ejemplo proponía adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales. No obstante, el Gobierno mantuvo el artículo que habilita el financiamiento privado de las campañas electorales.

Por último, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus fue eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

En términos generales, la oposición dialoguista recibió de forma positiva el cambio de actitud del Gobierno, que en un principio se negaba a negociar y apostaba por la estrategia del “todo o nada”. Sin embargo, temas como las retenciones, la movilidad jubilatoria y la delegación de facultades todavía generaban ruidos.

Durante el fin de semana los bloques continuaron analizando la letra chica del borrador que hizo girar el Gobierno y luego llegó el turno de los gobernadores, que se mostraron muy firmes respecto a varios puntos. Las retenciones continuaron siendo el principal foco de conflicto.

Tanto el lunes por Zoom como el martes en forma presencial, el ministro Guillermo Francos escuchó una nueva ronda de contrapropuestas de los mandatarios provinciales. La respuesta llegó ayer mismo por la tarde, algunas horas antes del inicio del plenario de comisiones que se retrasó hasta las 21.

El oficialismo se negó a eliminar del todo las retenciones, a pesar de que no tiene los números para aprobarlo en el recinto. Un alto funcionario muy cercano a Milei aseguró que “preferían perder” antes que seguir cediendo respecto a las exportaciones industriales, los derivados de soja, el trigo y el maíz.

No obstante, accedió a eliminar la asignación específica -capitalizar el Banco Central- de los fondos que ingresarán por el blanqueo para que estos se coparticipen con las provincias. También se comprometió a no eliminar el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).