El Gobierno ha tomado la decisión de prorrogar la validez de un artículo clave de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, y los fondos correspondientes serán enviados a las provincias.

Este movimiento llega en un momento crucial, justo antes de una reunión entre los gobernadores y el presidente Javier Milei en el marco del Pacto de Mayo. El DNU 231, publicado recientemente en el Boletín Oficial, asegura el reparto automático de recursos destinados a salarios y mantenimiento de la infraestructura educativa, reafirmando el compromiso del Gobierno con el sistema educativo nacional.

La medida se produce en el marco de tensiones entre el Gobierno y los gremios docentes, así como con los gobiernos provinciales, debido a recortes en las partidas presupuestarias destinadas a la educación. 

El Ejecutivo argumenta la necesidad urgente de incorporar disposiciones complementarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional, especialmente ante la prórroga del Presupuesto 2023. Recordemos que la Ley de Financiamiento Educativo estableció previamente una asignación específica de recursos para garantizar condiciones equitativas en el sistema educativo nacional.

En virtud de este DNU, se asegura el cumplimiento de la ley 26.075, que estipula el reparto de fondos equivalentes al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI). Además, surge un llamado de atención desde el Congreso, donde el bloque Hacemos Coalición Federal ha solicitado una sesión especial para tratar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), cuya eliminación por parte del Gobierno ha generado preocupación en las provincias respecto al pago de salarios docentes.