El gobierno de la provincia de Chaco ha anunciado una serie de medidas para regularizar el sistema de radares viales, que incluye la habilitación gradual de dispositivos homologados y la devolución de multas consideradas injustas. Livio Gutiérrez, Secretario de Coordinación de Gabinete del Gobierno del Chaco, detalló en diálogo con Radio Nordeste los planes en una entrevista reciente.

"La idea del gobierno de la provincia es normalizar la situación de la paralización, que entendemos que estaba absolutamente desprovista, que había generado algunas nulidades en materia de multas", explicó Gutiérrez. Como parte de esta iniciativa, el gobernador ha decidido condonar todas las multas previas, reconociendo que "el proceso de radarización no tenía una discusión adecuada".

El nuevo enfoque implica la implementación de radares homologados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). "Ya al día de la fecha hay una veintena de radares homologados y estamos trabajando en la cartelería", afirmó el funcionario. Se hará hincapié en la información al ciudadano, asegurando que cada conductor esté al tanto de la presencia y los límites de velocidad de los radares.

Gutiérrez también mencionó la eliminación de radares considerados "cazabobos", citando como ejemplo: "En una autovía poner el máximo de velocidad a 60 kilómetros, donde la máxima velocidad es 110, podías hacer una reducción de 110 a 80, pero no a 60 kilómetros".

En cuanto a las multas ya pagadas, el gobierno se compromete a su devolución. "Vamos a empezar a devolver las multas mal cobradas, o por lo menos que entendemos que están mal cobradas, previo proceso de revisión de cada uno", aseguró Gutiérrez. Se espera que las devoluciones comiencen antes de fin de año y serán en efectivo.

El plan de implementación será gradual. "Vamos a ir por etapas y no va a ser a partir del primero de agosto, puede ser para el primero de septiembre", indicó el secretario. Se prevé comenzar con unos 20 radares, con el objetivo de llegar a un máximo de 60, significativamente menos que los más de 100 contemplados en el plan anterior.

Gutiérrez también destacó los desafíos legales y financieros que enfrenta la administración actual debido a decisiones de la gestión anterior. "La provincia en la gestión anterior no puso un peso. Es decir, la Universidad de San Martín invertía, ponía el dinero, instalaba los radares", explicó, señalando que esto ha generado complicaciones adicionales en el proceso de regularización.