El decreto 695/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece las normas para la aplicación del Título II de la ley, que abarca cambios en el empleo público, procedimientos administrativos y privatizaciones de empresas estatales.

En cuanto a las privatizaciones, el decreto detalla el proceso para la venta parcial o total de varias empresas públicas, incluyendo Energía Argentina, AySA y Corredores Viales, entre otras. Se requiere que los ministros o secretarios responsables presenten informes detallados sobre las propuestas de privatización, que luego serán revisados por la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación antes de su aprobación final.

Respecto al empleo público, se introduce un nuevo sistema de ingreso que incluye una evaluación anónima de conocimientos y competencias. Además, se establecen criterios para la desvinculación y reubicación de empleados estatales, incluyendo un sistema de puntaje y sanciones por incumplimiento de funciones. Se crea también un Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad, con períodos de disponibilidad que varían según la antigüedad del empleado.

El decreto también modifica los procedimientos administrativos con el objetivo de agilizar la gestión estatal. Se establece la gratuidad de ciertos trámites y se reconoce la validez de los medios electrónicos para notificaciones y presentación de escritos. Además, se otorga a los adolescentes la capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos.

Es importante señalar que esta reglamentación cubre solo la primera parte de la Ley Bases. Aún queda pendiente la implementación de otros títulos de la legislación, incluyendo el controvertido RIGI, que generó debates intensos en ambas cámaras del Congreso durante el proceso de aprobación de la ley.