Luego del escándalo por la sospechosa compra con sobreprecios de una costosa cafetera, que le costó el cargo a la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia, Constanza Cassino, el Ministerio de Economía se convierte en epicentro de un hecho llamativamente similar.

En las últimas horas trascendió que el Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente de la cartera que administra Luis Caputo, adquirió seis cafeteras abonadas con fondos públicos por un valor de $15.480.000.

Lo hizo a través de la Licitación Pública N° 50-0004-LPU24, procedimiento sembrado de suspicacias, donde se observa un sobreprecio cercano al 90% en comparación con los valores de mercado.

Desde el organismo, fundamentaron la transacción con el objetivo de â€œproporcionar bebidas calientes al personal de este organismo, con el fin de crear un ambiente agradable durante la jornada laboral y eventos como reuniones, capacitaciones, exposiciones y presentaciones”.

Además, en el expediente se argumentó que el servicio busca “cumplir con normas de protocolo y ceremonial” y “optimizar el tiempo laboral de los agentes al evitar la necesidad de salir de la oficina en busca de refrigerios”. Abundaron menos en torno al inexplicable monto desembolsado por cada una. 

La adjudicación de la licitación fue concedida a la empresa SALTSUR S.A., que ofreció las máquinas automáticas marca Necta Koro modelo espresso, por un valor de $2.580.000 la unidad.

La operación se posó en el centro de la polémica cuando se analizó el precio que estos electrodomésticos exhiben en plataformas de compra y venta online, que ronda los $1.327.000 en promedio.

Extrañamente, el organismo del Ministerio a cargo del ajuste fiscal y los recortes presupuestarios pagó alrededor de un 90% más por cada cafetera, en una transacción por una cantidad de unidades que tranquilamente puede tener en stock una sucursal de cualquier cadena de electrodomésticos. Ni siquiera puede explicarse el sobreprecio por una escasez de oferta para la demanda licitada. 

La operación fue aprobada formalmente el 24 de julio de 2024 e implicó un desembolso total de $15.480.000, con una duración contractual de seis meses. Entre los funcionarios responsables de la aprobación se encuentran Leandro Gregorio, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silberberg, Nair Alvarado, Wanda Ayelen Castagnaro y Joel Alexander Sardi, con la autorización final firmada por Claudio Dunan, presidente del Instituto Nacional de Semillas.

Al igual que en el caso de la subsecretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, el escándalo es más moral que financiero.

No se trata de montos que muevan el amperímetro en los gastos de un organismo o ente público, sino de la contradicción con los mantras de austeridad apuntalados por el Gobierno para justificar su política de ajuste fiscal y recortes presupuestarios. Se trata de prácticas que fueron demonizadas y atribuidas a otros partidos políticos, identificados con 'la casta'.

Pero el oficialismo viene teniendo problemas para contener los vicios del despilfarro, a pesar de los discursos histriónicos, el ajuste ejecutado y el entusiasmo idealista del presidente Javier Milei. O bien La Libertad Avanza viene constituyendo su propia casta, con sus propios escándalos y opacidades; o tal vez exhibe una alarmante ineficacia para evitar que se le escape la tortuga.