El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes un drástico cambio en la política territorial del país al derogar la Ley 26.160, que establecía una emergencia en la posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas desde 2006. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial, se revocaron las suspensiones de desalojos, lo que permitirá a los propietarios afectados recuperar sus terrenos mediante acciones legales. La medida entrará en vigencia este miércoles 11 de diciembre.  

El decreto justifica la derogación señalando que la prolongación de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales, perjudicando derechos fundamentales como la propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. Según el Gobierno, las sucesivas extensiones de la normativa facilitaron abusos, como el reconocimiento irregular de comunidades indígenas, muchas de las cuales no cumplirían con los requisitos legales para su inscripción. Actualmente, hay 1626 comunidades reconocidas, pero una proporción significativa estaría bajo revisión.  

En términos económicos, el Ejecutivo argumenta que la vigencia de la ley obstaculizaba inversiones y proyectos de infraestructura, además de limitar el uso productivo de grandes extensiones de tierra. La derogación, enmarcada en la prioridad gubernamental de fortalecer la seguridad jurídica, busca atraer capitales y fomentar el desarrollo económico del país. "Es imprescindible recuperar la confianza en que la propiedad privada será respetada", subrayaron fuentes del Gobierno.  

El impacto de la medida dependerá de su implementación, particularmente en los procesos judiciales ya iniciados. Existen al menos 254 disputas territoriales activas entre comunidades indígenas y propietarios privados. Si bien la normativa promete resolver conflictos, el desafío será equilibrar el respeto a los derechos de las comunidades reconocidas legalmente con los reclamos de los propietarios.