La polémica se reavivó luego de que Fabiola Yáñez, ex Primera Dama, fuera vista celebrando Año Nuevo en un lujoso restaurante de Madrid. El evento, que incluyó un menú exclusivo y tragos premium, generó cuestionamientos sobre el gasto público destinado a su custodia. Actualmente, Yáñez reside en la capital española junto a su hijo Francisco, lo que implica un costo mensual elevado para el Estado argentino debido a la presencia de agentes de la Policía Federal asignados para su protección.  

Frente a esta situación, el espacio político La Libertad Avanza, liderado por la diputada Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley para reformar el esquema de custodias presidenciales. La iniciativa propone limitar este beneficio exclusivamente al territorio nacional, reducir la duración del mismo a un máximo de 12 años y excluir a familiares directos de la protección oficial. Además, se busca establecer divisiones claras entre las custodias de mandatarios en ejercicio y expresidentes, con el objetivo de optimizar los recursos públicos.  

El proyecto no sólo apunta a un ahorro económico sino también a una revisión ética del uso de fondos estatales. La custodia de Yáñez, que llegó a duplicarse tras su separación de Alberto Fernández, ha generado un gasto adicional por la necesidad de rotar agentes cada 15 días, cubriendo pasajes y viáticos en euros. Aunque se mencionó la posibilidad de recurrir a un acuerdo con España para reducir costos, dicha alternativa no prosperó, lo que agrava la carga financiera.