En un contexto de reestructuración administrativa, el Gobierno decidió extender los contratos de 40.000 empleados públicos cuyos acuerdos finalizaron el 31 de diciembre de 2024. La renovación, válida por tres meses, permitirá evaluar a estos trabajadores mediante un examen de idoneidad que determinará si podrán acceder a un régimen contractual más estable. Este mecanismo, aplicado por la administración de Javier Milei, ha generado críticas desde sectores gremiales y dudas en torno a la continuidad laboral de miles de empleados.  

El examen, que incluye pruebas de comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública, ha sido diseñado como filtro para decidir quiénes seguirán trabajando en el Estado. Según datos oficiales, 14.000 empleados ya se han sometido a esta evaluación, de los cuales el 95% obtuvo resultados satisfactorios. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierten que la medida deja fuera a miles de trabajadores cuyos contratos también vencieron en la misma fecha, incluyendo monotributistas y empleados tercerizados.  

El nuevo esquema contractual está regulado bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, que permite contrataciones temporales para servicios específicos. No obstante, el Gobierno libertario busca optimizar los recursos humanos del Estado, aplicando restricciones adicionales como la exigencia de tres despidos por cada nueva contratación. Esta política, sumada al reciente decreto que prohíbe nuevas designaciones en varias áreas del sector público, forma parte de un plan integral para reducir el tamaño de la administración estatal.  

A pesar de las prórrogas otorgadas, el futuro de muchos empleados sigue siendo incierto. Casos emblemáticos, como el despido de 87 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti el pasado 31 de diciembre, reflejan la magnitud de los ajustes. Asimismo, sectores sensibles como el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales ya reportaron recortes de personal. En contraste, áreas como el sistema de ciencia y tecnología, las universidades y el sistema de manejo del fuego quedaron exentas de estas medidas, garantizando su continuidad operativa en medio de los cambios estructurales.