El Gobierno apuesta todo al mercado privado

Continúa el ajuste del Gobierno Nacional y esta vez sumó una nueva víctima: el derecho a la vivienda propia. Con la publicación del decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda fue eliminada de la estructura estatal, junto con los programas que permitían a miles de familias acceder a un techo digno. En su lugar, la administración de Javier Milei decidió trasladar la responsabilidad a provincias y municipios que, debido al mismo ajuste, carecen de fondos para sostener políticas habitacionales.

El encargado de anunciar la medida con sorna fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denominó el cierre de la secretaría como "Motosierra 2.0" y justificó la decisión alegando supuestos ahorros en personal. No mencionó, sin embargo, que ese personal estaba conformado por profesionales, arquitectos, urbanistas y trabajadores administrativos que ahora quedan a la deriva.

El impacto del decreto es inmediato y devastador. La eliminación de programas como el Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana supone la paralización de más de 130 mil obras en todo el país. Muchas de ellas estaban destinadas a familias de bajos ingresos que no pueden acceder a créditos del sector privado, cuyos costos son prohibitivos y sus condiciones, impagables.

Para el Gobierno, la solución al problema habitacional pasa por la "libertad de mercado". En su justificación, Sturzenegger aseguró que el Estado no debe intervenir en la construcción de viviendas y que el sector privado se encargará de ofrecer créditos accesibles. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra lo contrario: los créditos UVA impulsados por Mauricio Macri se convirtieron en una trampa financiera, multiplicando sus cuotas hasta niveles insostenibles.

La medida también impacta en las universidades nacionales, a las que el ministro descalificó al acusarlas, sin pruebas, de haber servido de refugio para contrataciones encubiertas. Esta acusación forma parte de una estrategia más amplia para deslegitimar el rol del Estado y avanzar en su desmantelamiento.

Desde la oposición, el exministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, cuestionó duramente la decisión y recordó que solo en el gobierno anterior se entregaron más de 140 mil viviendas. "Esto es como si un hijo tiene una uña encarnada y la solución es cortarle la pierna", ironizó.

Mientras el oficialismo celebra su ajuste, 500 trabajadores de la exsecretaría desconocen su futuro laboral. La eliminación de la Secretaría de Hábitat destruye oportunidades de acceso a la vivienda y condena a cientos de profesionales al desempleo. Sin alternativas del sector privado ni políticas de contención, el derecho a la vivienda queda reducido a un privilegio al que pocos podrán aspirar.

El desmantelamiento del Estado avanza sin frenos. En su afán por achicar la estructura gubernamental, el Ejecutivo borra de un plumazo derechos básicos que costaron años de lucha y políticas públicas. Con la motosierra en alto, Milei y su equipo siguen ejecutando un ajuste que golpea siempre a los mismos: los trabajadores y los sectores populares.