Beneficiarios deberán someterse a evaluaciones médicas obligatorias, bajo riesgo de perder el beneficio si no se presentan.

El Ministerio de Salud de la Nación inició una nueva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) con el envío de 300.000 notificaciones a beneficiarios de distintas provincias. La medida, que forma parte de un relevamiento más amplio que alcanzará a un millón de personas, busca garantizar que las prestaciones lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos legales. La asistencia a la evaluación médica es obligatoria, y quienes no se presenten podrían perder el beneficio.

El proceso de control surge tras la detección de irregularidades en la asignación de pensiones. Según datos oficiales, en una revisión previa solo el 20% de los casos auditados cumplía con los criterios establecidos, mientras que se encontraron beneficiarios fallecidos, personas privadas de su libertad y hasta prófugos de la justicia cobrando la pensión. Con la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI, se espera realizar evaluaciones clínicas y administrativas para depurar el padrón y optimizar el uso de los recursos públicos.

La revisión de estos subsidios, además de garantizar su correcto otorgamiento, prevé un ahorro significativo para el Estado, estimado en 900.000 millones de pesos. La auditoría se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva, con énfasis en las pensiones otorgadas en los últimos años. Se espera que el proceso completo finalice en la primera mitad de 2025, consolidando un nuevo esquema de control sobre las asistencias sociales.