Este jueves El INDEC informó que la inflación de enero fue del 2,2%, el nivel más bajo desde mediados de 2020. Mientras el Gobierno de Javier Milei se apresuró a celebrar el dato como un éxito de su política económica, más de 30 sindicatos rechazaron el resultado y aseguraron que la cifra no representa el aumento real de los precios. Entre los gremios firmantes se encuentran ATE, La Bancaria, AGTSyP (Metrodelegados), Aceiteros y el Sindicato de Educadores del Chaco (SECH), entre otros.  

A través de un comunicado, los gremios denunciaron que "la metodología de medición de la inflación está desactualizada y genera una diferencia cercana al 15% en contra de los salarios". Según explicaron, el INDEC sigue utilizando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, cuando ya existe una versión más reciente que reflejaría con mayor precisión los patrones de consumo actuales.  

El impacto de esta diferencia no es menor. De acuerdo con los sindicatos, un trabajador debería haber cobrado 1.900.000 pesos mensuales a fines de 2024 para cubrir una canasta de necesidades básicas. "En el bolsillo no se nota la desaceleración inflacionaria de la que habla el Gobierno", señalaron.  

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, fue más allá y sostuvo que "el Gobierno se beneficia de seguir midiendo la evolución de los precios con una canasta desactualizada". Además, recordó que el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, había prometido en septiembre pasado actualizar el IPC, pero esa medida quedó en el olvido.  

El Ejecutivo ha optado por comparar los niveles de inflación actuales con los de la pandemia, un momento en que el consumo se desplomó y las tarifas estuvieron congeladas. Sin embargo, la situación actual no es producto de una emergencia sanitaria sino de una estrategia deliberada de ajuste que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de la mayoría de la población.  

La contracción en el consumo es una prueba irrefutable de la crisis. Las ventas en supermercados cayeron un 7% interanual en enero, un dato que expone cómo la pauperización de los ingresos ha cambiado los hábitos de consumo. "Algunos precios pueden haber frenado su escalada, pero eso no significa que la gente pueda comprar lo mismo que antes", indicó un economista consultado.  

Mientras el Gobierno persiste en su discurso de "desinflación", los sindicatos advierten que se sigue postergando la corrección de precios relativos, como el ajuste en tarifas de servicios públicos. Cuando finalmente estos aumentos lleguen, los efectos de la supuesta estabilidad serán efímeros. La pregunta que queda en el aire es cuándo se decidirá hablar con honestidad sobre la situación económica real del país.