El Gobierno logró alcanzar su principal objetivo en las sesiones extraordinarias, a pocas horas de su finalización. La ley fue sancionada con una mayoría de 43 votos a favor, provenientes de oficialistas, algunos sectores dialoguistas y un kirchnerismo dividido. Hubo 20 votos en contra y seis abstenciones.

La senadora Alejandra Vigo, representante del peronismo disidente y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, fue la encargada de presentar el proyecto. Vigo argumentó que las PASO no han sido una solución efectiva para la crisis de representación política y que, en muchos casos, sólo han servido como una encuesta anticipada. Además, defendió que la suspensión permitiría a los partidos recuperar autonomía para definir su estructura interna, algo que ya contempla la ley de partidos políticos.

Desde el Frente de Todos, el senador Pablo Bensusán se abstuvo, criticando la situación económica del país y cuestionando la prioridad del debate sobre las PASO en el contexto actual. En su intervención, advirtió que es necesario empezar a capacitar a la ciudadanía para el uso de la Boleta Única de Papel, sistema que será utilizado en las próximas elecciones.

Por otro lado, el radical Pablo Blanco, quien votó en contra, subrayó la importancia de las PASO como herramienta para democratizar la representación política, permitiendo que candidatos que no contarían con el apoyo de sus partidos accedan a una banca. También cuestionó el supuesto ahorro de 150 millones de dólares, sugiriendo que el destino de esos fondos es incierto.

El jefe del bloque de Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cerró el debate destacando que, desde 2011, sólo un número limitado de agrupaciones políticas han utilizado las PASO para dirimir internas. Argumentó que el sistema ha sido costoso y poco efectivo, y que ningún país de la región utiliza un mecanismo similar.

Con esta sanción, el Gobierno da por cumplido su principal objetivo legislativo, mientras que el debate sobre el futuro del sistema electoral sigue abierto.