El Senado sancionó ayer a la noche una ley que modifica el régimen de reincidencia y reiterancia en el ámbito penal, con el objetivo de restringir las excarcelaciones y evitar la llamada “puerta giratoria” de delincuentes. La norma obtuvo un apoyo unánime en la votación en general, mientras que en la discusión particular el kirchnerismo rechazó algunos artículos. La iniciativa establece que se considerará reincidente a quien haya sido condenado dos o más veces con pena privativa de libertad, siempre que la primera condena esté firme. Además, elimina la discrecionalidad judicial en la acumulación de penas, que ahora serán el resultado de la sumatoria de todos los delitos cometidos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la diferenciación entre “reincidencia” y “reiterancia”. Hasta ahora, los jueces determinaban la prisión preventiva considerando solo el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la causa, pero con esta ley también deberán evaluar los antecedentes del imputado. Este cambio busca reforzar la seguridad y evitar que quienes acumulan imputaciones múltiples sean beneficiados con la libertad condicional. El proyecto fue defendido por el oficialismo bajo el argumento de que el sistema penal se encuentra colapsado y requiere reformas urgentes para mejorar su efectividad.

En la misma sesión, el Senado también sancionó por unanimidad una ley para combatir el crimen organizado, inspirada en la normativa estadounidense RICO y en la legislación antimafia italiana. La medida endurece penas para miembros de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la extorsión, eliminando distinciones de responsabilidad dentro de las bandas: todos los involucrados recibirán el mismo castigo, sin importar su jerarquía. El kirchnerismo, con excepción de dos senadores, se retiró del recinto antes de la votación para evitar una fractura interna en su bloque.

Desde la oposición, algunos legisladores advirtieron sobre el impacto de estas reformas en el sistema penitenciario, señalando que el hacinamiento carcelario ya se incrementó un 48,5% entre 2016 y 2023. Además, hubo críticas por la posible afectación del federalismo en la persecución del crimen organizado, lo que generó cruces entre oficialistas y opositores. No obstante, el Gobierno celebró la aprobación de estas normas como parte de su agenda de seguridad y reafirmó su compromiso con el endurecimiento de penas para combatir la criminalidad en el país.