Javier Milei se encamina a designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema mediante un decreto presidencial, en un movimiento que podría concretarse en las próximas horas, según señalan algunas fuentes dentro del propio oficialismo. La medida, que evitaría la votación en el Senado, se basa en una facultad constitucional que permite al Ejecutivo nombrar magistrados en comisión mientras el Congreso está en receso. El plazo límite para esta acción es el sábado, cuando el presidente inaugurará el período de sesiones ordinarias. La decisión se enmarca en un contexto de negociaciones frustradas y de un clima político adverso para alcanzar los dos tercios de los votos necesarios en la Cámara Alta.

El antecedente más cercano a esta maniobra se remonta a 2015, cuando Mauricio Macri designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto apenas días después de asumir la Presidencia. Sin embargo, las críticas que entonces recibió lo obligaron a esperar la ratificación parlamentaria antes de que los magistrados asumieran sus cargos. En esta ocasión, el Gobierno libertario intentó primero negociar los pliegos de los candidatos en el Senado, pero los desacuerdos con el peronismo y el kirchnerismo impidieron avanzar. En el caso de Lijo, a pesar del apoyo de algunos gobernadores, la falta de consenso parlamentario llevó a Milei a reconsiderar la estrategia.

La oposición, por su parte, se ha mostrado dividida. Mientras algunos sectores del PRO apoyaron la nominación de Lijo, otros, alineados con Mauricio Macri, rechazaron la postulación. En tanto, el peronismo decidió no dar quórum en la apertura de sesiones ordinarias, lo que refleja la tensión política que rodea la medida. Dentro del oficialismo, la designación por decreto fue impulsada por Santiago Caputo, principal asesor presidencial, quien consideró que la falta de apoyo legislativo hacía inviable otra vía.

En los tribunales, la expectativa crece ante la inminente resolución del Ejecutivo. A pesar del desgaste que ha sufrido el proceso, Lijo habría aceptado la posibilidad de ser nombrado en comisión. Mientras tanto, la administración libertaria enfrenta múltiples frentes de debate, como la reciente abstención argentina en la ONU sobre la invasión rusa a Ucrania y la polémica venta de Telefónica Argentina a Telecom. En este contexto, el nombramiento de los jueces podría concretarse de manera inminente, reforzando la decisión del Gobierno de avanzar sin depender del Congreso.