Con una votación ajustada y un Congreso militarizado para impedir la protesta popular, la Cámara de Diputados convalidó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que autoriza un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin explicitar montos ni condiciones, la aprobación del decreto entrega un cheque en blanco al Ejecutivo y refuerza el sometimiento del país a las imposiciones del organismo financiero.  

Desde el inicio, la sesión estuvo marcada por un clima de tensión. Los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición se replicaron tanto en el recinto como en la calle, donde miles de manifestantes—encabezados por jubilados, principales víctimas del ajuste—se congregaron para repudiar la medida. La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR y otros bloques aliados para obtener los 129 votos afirmativos que garantizaron la aprobación del DNU. Mientras tanto, en un escándalo dentro del propio oficialismo, se filtraron audios del presidente de la Cámara, Martín Menem, instando a sus diputados a boicotear la sesión.  

Los argumentos a favor del decreto estuvieron lejos de justificar el atropello institucional. Diputados oficialistas y aliados lo presentaron como un "mal necesario" para evitar una crisis mayor, sin explicar por qué la solución que propone Milei es la misma que hundió a Argentina en crisis previas. Desde la oposición, en cambio, se denunció la ilegalidad del procedimiento y la falta de transparencia sobre los términos del nuevo endeudamiento. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, sostuvo que el DNU "raya la ilegalidad", mientras que la diputada Vanesa Siley advirtió que el acuerdo viola el estatuto del propio FMI.  

Uno de los puntos más cuestionados es que el decreto no establece límites al endeudamiento ni especifica las condiciones que exigirá el Fondo. "Están votando darle un cheque en blanco", se escuchó repetir en el recinto. La izquierda también rechazó la medida con dureza. Nicolás del Caño calificó el acuerdo como "una estafa" y advirtió que traerá más ajuste y devaluación, afectando principalmente a los sectores populares.  

La urgencia con la que se trató el DNU tiene una explicación fuera del Congreso: el derrumbe de la economía y la creciente desconfianza de los "mercados" en la capacidad de Milei para estabilizar el país. En los días previos, el Banco Central debió vender cientos de millones de dólares para contener la presión cambiaria, mientras que en la calle la protesta social sigue en ascenso. La imagen del gobierno se deteriora, y ni siquiera las redes sociales, tradicional bastión libertario, logran revertir la caída.  

Para el senador Oscar Parrilli, la decisión del gobierno de recurrir nuevamente al FMI es la "postal del fracaso". "Hicieron un ajuste tremendo, perverso, y sin embargo llegaron a esta situación", denunció. Su declaración resuena con la advertencia de Cristina Fernández de Kirchner, quien en febrero señaló que Argentina atraviesa su "tercera crisis de deuda", consecuencia de la dependencia de dólares y el endeudamiento compulsivo.  

A pesar del blindaje parlamentario que logró el oficialismo, el panorama para Milei es cada vez más incierto. La crisis económica se profundiza, la interna libertaria se recrudece y el malestar social crece. El gobierno insiste en que no habrá devaluación, pero los mercados ya no le creen. Como ocurrió con todos los gobiernos que terminaron en el FMI, la historia parece repetirse: la promesa de "libertad" termina en más ajuste, más deuda y más represión.