El Gobierno nacional reforzó la fiscalización sobre el sistema de medicina prepaga al establecer que las empresas del sector deberán informar previamente cualquier aumento en sus cuotas mensuales. La medida fue oficializada a través de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma fija un procedimiento estandarizado, obligatorio para todas las compañías, que deberán detallar los nuevos valores, los cuadros tarifarios y los copagos antes de comunicar los incrementos a sus afiliados.

El procedimiento impone que las prepagas entreguen a la SSS la comunicación completa que planean enviar a los usuarios, el porcentaje de ajuste que aplicarán y el nuevo monto de la cuota discriminado por plan, franja etaria y región. Esta presentación debe realizarse mediante el sitio web de la Superintendencia dentro de los cinco días posteriores a la difusión del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC. Además, se exige que cualquier notificación de aumento se realice con una antelación mínima de 30 días corridos respecto al vencimiento de la cuota.

Esta resolución marca un giro respecto de la política de desregulación del sector que impulsó el Gobierno de Javier Milei en los primeros meses de su mandato. Durante 2024, las prepagas aplicaron subas muy por encima del promedio inflacionario, lo que motivó una serie de pedidos oficiales para que moderen los aumentos. Ahora, la intervención apunta a generar previsibilidad y mayor transparencia en los mecanismos de actualización de precios, en medio de un contexto donde el acceso a la salud privada se volvió más costoso para los usuarios.

La nueva disposición se suma a la Resolución 2155/2024, que ya había delineado criterios generales para la comunicación de aumentos. A diferencia de aquella, la norma publicada este viernes establece requisitos precisos y condiciona la validez de las notificaciones a los afiliados al cumplimiento estricto de este paso previo ante la SSS. Con esta medida, el Gobierno busca retomar un mayor control sobre un sector clave que, a pesar de haber sido desregulado, impacta directamente en el bolsillo de millones de personas.