El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó envuelto en una nueva controversia judicial: el fiscal Patricio Ferrari solicitó este martes suspender las audiencias por un plazo de diez días tras la denuncia contra la jueza Julieta Mackintach, una de las integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. La magistrada está siendo investigada por presuntamente haber autorizado la grabación de un documental sobre el proceso sin informar ni pedir autorización a las partes. "Lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional", expresó el fiscal, señalando la necesidad de una pausa para preservar la legalidad del proceso.

El pedido de suspensión fue presentado luego de que el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, insistiera con la recusación de la jueza. "Mackintach autorizó el ingreso de cámaras durante el primer día de audiencias, cuando el tribunal había prohibido expresamente su presencia", denunció el defensor del neurocirujano imputado, aludiendo a una supuesta violación del principio de imparcialidad. Durante su intervención, Rivas aseguró que su intención no es perjudicar a los testigos ya convocados, sino "respetar el principio de legalidad".

La solicitud del fiscal Ferrari recibió apoyo unánime por parte de los abogados querellantes. Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, sostuvo que el escándalo "impactó profundamente" en las víctimas y que el juicio "no puede continuar bajo esta incertidumbre". En la misma línea, el abogado de Jana Maradona, Félix Linfante, adhirió citando al propio fiscal: "No se puede fingir demencia tras lo ocurrido". También sumaron su respaldo los letrados de Dieguito Fernando, Diego Junior y las hermanas del exfutbolista.

Según Ferrari, la investigación preliminar iniciada tras la denuncia presentada por los abogados Burlando y Mario Baudry no arrojó resultados alentadores. "Nos parece sumamente prudente el aplazamiento para resolver un tema que compromete el prestigio del Poder Judicial", concluyó. Ahora la decisión sobre la continuidad del proceso queda en manos de los jueces del TOC N°3 de San Isidro, en un clima de creciente tensión institucional.