La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que busca modificar de forma profunda el acceso a la actividad notarial en Argentina. La iniciativa, identificada como 2280-D-2025 y titulada "Libre ejercicio notarial de los abogados", propone que cualquier abogado o abogada matriculado en el país pueda ejercer como escribano público sin la necesidad de completar estudios específicos de escribanía, rendir exámenes adicionales o formar parte de los actuales colegios notariales. El proyecto fue girado a la comisión de Justicia y se enmarca en la agenda de desregulación que impulsa el Gobierno nacional.

La iniciativa plantea en su artículo 1 que el ejercicio notarial quede habilitado para toda persona que posea título de abogado expedido por universidades argentinas reconocidas oficialmente o títulos extranjeros revalidados según las normas vigentes. El artículo 2 refuerza esta habilitación, estableciendo que estos profesionales podrán ejercer funciones de fe pública y autorizar documentos con la misma validez legal que un escribano tradicional, siempre que cumplan con las exigencias técnicas y registrales correspondientes. Asimismo, el proyecto deroga las normas que limitan la función notarial a quienes hayan cursado la carrera específica o pertenezcan a colegios cerrados, e insta a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar su legislación en un plazo máximo de 120 días.

En los fundamentos, Pagano considera que el actual sistema es "obsoleto y excluyente" y sostiene que mantiene barreras corporativas que impiden a muchos abogados acceder a un campo profesional para el cual, afirma, ya están capacitados. Además, advierte que los requisitos actuales generan un mercado restringido que encarece los servicios notariales y los concentra en pocas manos, limitando su acceso a sectores de la población. "Restringe derechos laborales y encarece un servicio esencial para la ciudadanía", señala la diputada.

Como respaldo a su propuesta, Pagano menciona modelos de países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde los abogados pueden cumplir funciones notariales sin necesidad de estructuras intermedias. La norma, de ser aprobada, entraría en vigencia a los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial, y según su autora, busca ampliar la competencia, garantizar igualdad profesional y "eliminar privilegios injustificados". La propuesta generó distintas reacciones en ámbitos profesionales, aunque aún no fue debatida formalmente en comisión.