Las elecciones legislativas en Venezuela, con una participación estimada del 12%, no hacen más que confirmar lo que muchos venimos denunciando desde hace años: Venezuela ya no es una democracia. Es una dictadura consolidada, sin matices ni simulacros creíbles. Lo que sucedió en estos comicios es apenas una farsa más, una puesta en escena para legitimar lo que ya está decidido de antemano.

Desde 2015, cuando el pueblo venezolano todavía podía expresarse con cierta libertad en las urnas y eligió mayoritariamente una Asamblea Nacional opositora, el régimen de Nicolás Maduro se ha encargado sistemáticamente de borrar cualquier resquicio de legitimidad democrática. Aquella asamblea fue anulada por el oficialismo, y desde entonces Venezuela ha quedado sumida en un modelo de partido único, con elecciones amañadas, organismos judiciales subordinados y una estructura represiva que garantiza la permanencia indefinida del chavismo en el poder.

Uno de los mayores éxitos —si puede llamarse así— del régimen fue vaciar al país de millones de sus ciudadanos más críticos y mejor formados. Cerca de un tercio de los venezolanos ya no vive en Venezuela: están diseminados por América Latina, Europa y Estados Unidos. Muchos de ellos eran profesionales, emprendedores, ciudadanos activos que ya no podían vivir bajo el asedio de un Estado que castiga cualquier intento de disenso. El exilio no fue solo una válvula de escape social, sino una estrategia política. Maduro se deshizo de quienes podían oponérsele con más fuerza, y ahora gobierna sobre una población empobrecida, desilusionada y, lo más grave, resignada.

Dentro del país, la maquinaria chavista opera sin restricciones. Con un padrón reducido por la emigración y un electorado desmovilizado por la falta de confianza en los procesos electorales, Maduro obtiene mayorías abrumadoras que le permiten, entre otras cosas, reformar la Constitución a su antojo. Ya no necesita disimular. El poder legislativo, que debería ser el espacio de representación y debate, se ha convertido en una escribanía al servicio del Ejecutivo. El aparato militar y represivo se encarga de silenciar a los que aún se atreven a protestar.

Frente a este panorama, la oposición se encuentra atrapada en una trampa sin salida. Si participa, legitima el fraude. Si se abstiene, permite que el oficialismo se haga con todo. Y en este contexto, la comunidad internacional está atada de manos. Las Naciones Unidas, que podrían actuar en defensa de los derechos humanos, están paralizadas por los vetos cruzados en el Consejo de Seguridad, donde Rusia y China garantizan protección diplomática a Maduro.

Por eso es tan importante cuidar nuestras democracias en América Latina. Porque cuando se empieza a erosionar el respeto por las instituciones, cuando se relativiza la división de poderes, cuando se toleran discursos autoritarios en nombre de la "gobernabilidad", el desenlace puede ser este: un país atrapado en una dictadura que ya ni siquiera necesita disimular su autoritarismo. Venezuela, lamentablemente, se ha perdido para la familia de las naciones democráticas. Hoy es un espejo de lo que nunca debemos permitir que nos ocurra.