En una serie de reuniones virtuales con gobernadores, el Gobierno nacional avanzó con la presentación del denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", una propuesta que busca el ingreso al sistema formal de los dólares no declarados que los argentinos conservan fuera de los bancos. La medida, bautizada informalmente como "Plan Colchón", fue encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes explicaron los detalles técnicos a los mandatarios provinciales. Pese a la retórica de libertad financiera utilizada por el oficialismo, dos gobernadores —Axel Kicillof (Buenos Aires) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)— se desmarcaron de la iniciativa y señalaron serias preocupaciones sobre su impacto fiscal, legal y en la lucha contra el crimen organizado.

Según el Gobierno, el objetivo es incorporar a la economía parte de los entre 200.000 y 250.000 millones de dólares que, según estimaciones del BCRA y el INDEC, permanecen fuera del circuito formal. Para ello, se propone una flexibilización en los controles impositivos, lo cual fue interpretado por algunos sectores como una amnistía financiera que podría generar más problemas de los que busca resolver. Tanto es así que el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que las provincias que no adhieran al nuevo régimen perderán el acceso a datos tributarios clave, una decisión que algunos mandatarios leyeron como un acto de presión impropia. A su vez, ARCA —la agencia nacional de recaudación y control aduanero— ratificó que cortará los convenios de intercambio de información con aquellas jurisdicciones que no acompañen la medida.

El planteo generó fuerte resistencia en sectores que advierten sobre el riesgo de que el nuevo esquema sirva como canal de blanqueo para actividades ilícitas. Santa Fe fue una de las primeras en pronunciarse en ese sentido: no sólo evitó participar de las reuniones, sino que también anunció la creación de un comité especializado para evitar que los fondos de origen narco o provenientes de economías ilegales ingresen al circuito formal a través de este programa. "Tenemos que ser muy cautos", señaló Pullaro, en clara alusión al frágil contexto de seguridad que enfrenta su provincia. Por su parte, el gobierno bonaerense sostuvo que seguirá aplicando los controles tributarios vigentes, ya que —en ausencia de una ley aprobada por el Congreso— el nuevo régimen no modifica las obligaciones actuales.

El abogado tributarista Diego Fraga sumó una voz crítica desde el plano jurídico. Afirmó que la medida, tal como está planteada, "carece de seguridad jurídica" y que sólo mediante una ley del Congreso podría ganar legitimidad. De lo contrario, advirtió, todo dependerá de resoluciones administrativas "o tolerancias informales", un escenario que abriría la puerta a discrecionalidades y tensiones con las provincias. Además, recordó que las jurisdicciones tienen autonomía tributaria garantizada por la Constitución, por lo que podrían establecer sus propias regulaciones o incluso judicializar el esquema si consideran vulnerados sus derechos fiscales.

En paralelo, el Ejecutivo espera que los gobernadores no solo adhieran al plan, sino que impulsen su respaldo legislativo a través de sus diputados y senadores. Sin embargo, la adhesión dista de ser unánime: muchas provincias aún no tomaron una postura oficial, en tanto que las más críticas —como Buenos Aires y Santa Fe— ya han comenzado a articular estrategias para resistir la imposición del esquema. En este marco, la presión del Gobierno podría terminar siendo contraproducente, especialmente si las provincias perciben que se las obliga a resignar facultades clave a cambio de mantener un flujo de información que, hasta hace poco, era compartido por acuerdo institucional.

Lejos de buscar consensos federales, la Casa Rosada parece haber optado por condicionar a las provincias con una narrativa de libertad financiera que se choca con la realidad de las autonomías fiscales y los riesgos penales. Aún sin respaldo legal firme y en un contexto de alta sensibilidad social y económica, el "Plan Colchón" se expone no solo a resistencias políticas, sino también a un escenario de judicialización y debilidad operativa. Las dudas persisten, mientras el oficialismo apuesta a una remonetización que —según advierten desde distintos sectores— podría terminar habilitando la circulación de fondos cuyo origen no solo es incierto, sino también potencialmente delictivo.