Los recursos automáticos que el gobierno nacional transfiere a las provincias siguen sin recuperarse de manera sostenida y generan creciente preocupación en las administraciones subnacionales. En los primeros cinco meses de 2025, la coparticipación tuvo una caída real acumulada del -0,1%, un resultado que, si bien parece marginal, desdibuja las expectativas optimistas que se habían proyectado a comienzos de año. En ese contexto, las provincias alertan sobre el impacto que esta debilidad puede tener en sus presupuestos, especialmente en aquellas que dependen en gran medida de estos recursos para financiar servicios básicos y políticas públicas.

El impuesto al Valor Agregado (IVA), principal componente de la masa coparticipable, mostró un comportamiento errático: subió durante el primer trimestre pero retrocedió en abril y mayo, con un resultado acumulado enero-mayo de apenas +1,1% real frente al mismo período de 2024. El Impuesto a las Ganancias, segundo en importancia, registró una baja del -2,0% acumulada, tras un desempeño muy por debajo de lo previsto en mayo. Los Impuestos Internos también se contrajeron un -0,7%. Solo el grupo "Otros Coparticipados" mostró una suba significativa de +24,1%, aunque representa menos del 1% del total distribuido, por lo que su incidencia real es muy acotada.

Ante ese panorama, el total de transferencias automáticas —que incluyen la coparticipación, las leyes especiales y la compensación del Consenso Fiscal— logró cerrar el período enero-mayo con una suba real de +2,7%, gracias al fuerte incremento de los componentes complementarios. Las transferencias por leyes especiales crecieron un +28,7%, empujadas por el Monotributo y los impuestos a los combustibles, mientras que la compensación del Consenso Fiscal se disparó un +93,5% debido a la actualización de los montos a distribuir. No obstante, ambos rubros explican apenas el 7% del total de transferencias, por lo que su efecto es limitado frente a una coparticipación que no repunta.

Cuando se comparan las transferencias automáticas con años anteriores, la preocupación se profundiza: respecto a 2024, se registra un alza del +2,7%, pero en relación con 2023 hay una caída real del -6,9%. Esta evolución refleja que aún no se consolida un proceso de recuperación genuina. Por otro lado, los pronósticos no son alentadores: si persisten las tendencias actuales, el total de transferencias podría caer hasta un -4% en términos reales a lo largo del año, acumulando dos años consecutivos con pérdidas, tras el retroceso del -10% registrado en 2024.

Las provincias más afectadas son aquellas con mayor dependencia de los fondos nacionales. En 2024, las transferencias automáticas representaron el 45,5% del total de ingresos subnacionales, cifra que asciende al 49,8% si se excluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En La Rioja, Formosa y Catamarca, este nivel de dependencia supera el 80%. En otras doce jurisdicciones, los recursos automáticos representan más del 50% de sus ingresos. Este escenario deja a muchas administraciones expuestas a los vaivenes de la recaudación nacional, que no controlan pero que condicionan su sostenibilidad presupuestaria.

El panorama pone de relieve una tensión estructural entre Nación y provincias que se acentúa en contextos de baja recaudación. Mientras los gobernadores reclaman previsibilidad, reglas claras y resguardo fiscal, el gobierno nacional busca preservar su propio equilibrio financiero. En ese marco, sin una mejora estructural de la actividad económica que fortalezca la base tributaria, el debate por los recursos seguirá siendo un punto crítico en la relación interjurisdiccional durante el resto del año.