Mientras el ausentismo de votantes superó el 47% en las elecciones legislativas del 11 de mayo, otro dato preocupante pasó casi inadvertido: la ausencia masiva de fiscales partidarios. La falta de estos actores clave en las mesas de votación fue tan notoria como silenciosa, dejando en evidencia el escaso interés y, sobre todo, la falta de incentivos para asumir una tarea ingrata, mal remunerada y poco reconocida.

En contraste con las autoridades de mesa, que reciben $20.000, y los delegados, que cobran $35.000, los fiscales —dependientes de los partidos políticos— no tienen una cifra oficial ni garantizada. En la mayoría de los casos, el pago es simbólico o directamente inexistente, dependiendo de los recursos del partido que los convoque. A cambio, deben cumplir una jornada de más de 10 horas, sin viáticos, sin comida asegurada y con la sola motivación del compromiso cívico, que parece haberse diluido con los años.

La Justicia Electoral, más ocupada en aplicar sanciones a quienes no votan que en fomentar la participación, no establece mecanismos que valoren o promuevan el rol de los fiscales. Así, se repite en cada elección un fenómeno preocupante: mesas sin fiscalizar, votos sin control partidario y un proceso que pierde calidad democrática. La falta de incentivos claros y la informalidad con que se maneja la figura del fiscal atentan contra una figura que debería ser central para la transparencia.

En este escenario, la pregunta se impone: ¿quién está dispuesto a perder un domingo con su familia por tan poco? La política partidaria no logra convocar y la Justicia Electoral no se ocupa de construir condiciones dignas para el compromiso ciudadano. Mientras tanto, las elecciones se siguen desarrollando con estructuras cada vez más frágiles, sostenidas apenas por la voluntad de unos pocos.