En una nueva muestra de la insensibilidad que caracteriza al gobierno nacional y su entorno, la diputada libertaria Juliana Santillán intentó desacreditar el legítimo reclamo salarial de los médicos residentes del Hospital Garrahan utilizando información falsa. Durante un programa televisivo, Santillán afirmó que la canasta básica total para una familia era de 360 mil pesos, confundiendo el dato oficial que en realidad corresponde a una sola persona adulta. El error no solo expone su desconocimiento de la realidad económica del país, sino también una peligrosa voluntad de manipular cifras para justificar el ajuste y deslegitimar a quienes, con razón, reclaman por un ingreso que les permita simplemente no ser pobres.

El episodio no fue aislado ni casual. En redes sociales, otra figura del oficialismo, la diputada Lilia Lemoine, sumó su cuota de violencia simbólica al decirle a un médico del Garrahan que "nadie tiene por qué pagar por tus sueños". Desde su lugar como vocera de un modelo que desprecia lo público y eleva al mercado como único árbitro de lo que vale o no vale, Lemoine insistió en que si un médico no está conforme con su salario, "puede renunciar y hacer otra cosa". La frase, lejos de ser un exabrupto individual, condensa la lógica de un gobierno que reduce todo a la rentabilidad, incluso cuando se trata de la salud de las infancias.

La estrategia es clara: instalar que los reclamos son "políticos", como si eso los invalidara, y así barrer bajo la alfombra una situación crítica. Los residentes del Garrahan, que perciben sueldos por debajo de la línea de pobreza, enfrentan no solo las guardias extensas y la presión de salvar vidas, sino también el desprecio abierto del gobierno nacional. El sueldo de 800 mil pesos que denuncian, frente a una canasta familiar que supera el millón cien mil pesos, no deja lugar a dudas: los datos son elocuentes, aunque desde el oficialismo se los niegue o distorsione sin pudor.

Lo que asusta no es solo la ignorancia, sino la crueldad. Santillán, mirando su teléfono, insistía con cifras erróneas mientras una médica le explicaba que no podía pagar un alquiler. Lemoine, con el desparpajo que la caracteriza, comparaba la vocación médica con un capricho infantil, como querer ser astronauta. Ambas legisladoras no solo ningunearon la formación de profesionales altamente capacitados: dejaron entrever que para ellas la salud pública es un gasto innecesario, algo que "otros" deben pagar con resignación, si es que lo pagan.

En este contexto, el ataque a los médicos del Garrahan se convierte en símbolo de un proyecto de país que niega el esfuerzo, la dignidad y la justicia social. Leandro Crisso, residente del hospital, les respondió con claridad: "Somos médicos matriculados. Están gobernando, háganse cargo". Y ese es el punto. Mientras el gobierno de Javier Milei recorta, ajusta y estigmatiza, miles de trabajadores esenciales sostienen hospitales, escuelas y comedores con sueldos miserables y una vocación que no puede seguir siendo usada como excusa para explotarlos.

Los dichos de Santillán y Lemoine no son errores: son actos de crueldad revestidos de cinismo. Son una forma de violencia política que busca silenciar el disenso y castigar a quienes todavía creen que la salud, la educación y el trabajo no deben medirse en términos de rentabilidad. Repudiar estos discursos no es un gesto simbólico: es una defensa urgente de lo que queda del Estado y del pacto social que nos recuerda, incluso en tiempos oscuros, que la vida vale más que el mercado.