Con fuerte presencia policial y cortes de calles en el centro porteño, concluyó sin incidentes la marcha nacional que este miércoles 4 de junio reunió frente al Congreso a diversos sectores sociales en reclamo por los efectos del ajuste. Convocada por organizaciones de personas con discapacidad, el colectivo Ni Una Menos, trabajadores del Hospital Garrahan, del Conicet, movimientos de jubilados y gremios como ATE y la CTA, la jornada visibilizó la situación crítica que atraviesan áreas como salud, género, educación y seguridad social.

A lo largo del día, los manifestantes exigieron la urgente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo debate se inició en la Cámara de Diputados. Además, se denunciaron el congelamiento de prestaciones, la falta de recursos en hospitales y centros de atención, los despidos en organismos estatales y el vaciamiento de políticas públicas. Desde las primeras horas de la mañana, la plaza se llenó de carteles con consignas como "No al ajuste en discapacidad" y "Nuestros derechos no se recortan", en un marco pacífico pero de alta tensión social.

Durante la jornada, representantes del Garrahan advirtieron que la situación en el hospital es crítica y alertaron que los residentes están siendo amenazados con despidos. Norma Lezana, de la Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos, aseguró que los salarios no cubren la canasta básica y pidió una ley que garantice el financiamiento del hospital. Desde ATE, en tanto, se anunció un paro nacional en el sector salud para el jueves 5, en reclamo de insumos, salarios dignos y condiciones de trabajo.

En cuanto al área de discapacidad, los reclamos apuntaron a la paralización de pensiones, la demora en pagos a transportistas, acompañantes terapéuticos y centros de día, así como el uso de criterios burocráticos y ofensivos en auditorías. Organizaciones como REDI y TEActiva denunciaron la regresividad de las políticas actuales y alertaron sobre la falta de actualización de aranceles desde fines de 2024. "Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera", expresó un referente de la Asociación de Transportistas.

El proyecto de Ley de Emergencia, impulsado por bloques opositores, propone declarar la emergencia hasta fines de 2027 y contempla la actualización de aranceles, mejoras en asignaciones, acceso garantizado a salud y educación, y transparencia en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin embargo, desde el oficialismo ya se adelantó el rechazo y no se descarta un posible veto en caso de ser aprobada, como ocurrió con otras iniciativas recientes.

La movilización finalizó sin incidentes mayores, pese a los pronósticos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien había advertido sobre posibles episodios de violencia. Los organizadores destacaron el carácter pacífico y social del reclamo, y pidieron mantenerlo apartado de banderas partidarias. La jornada tuvo réplicas en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Neuquén, y cerró con un mensaje unificado