Sin embargo, este organismo enfrenta ahora una grave crisis debido a recortes impulsados por el ministro Federico Sturzenegger, quien cuestiona su utilidad sin reconocer su impacto en la economía nacional.

   El INTA tiene una estructura única: mitad estatal, mitad privada. Su directorio está compuesto por representantes del gobierno, entidades agrarias y académicas. Esta combinación permite políticas a largo plazo, alineadas con las necesidades reales del sector productivo. Pero el gobierno busca modificar esta gobernanza, reduciendo el número de integrantes del directorio y eliminando la participación académica, lo que pondría al organismo bajo control exclusivo del Ejecutivo.

   Además de cambios en la dirección, se planea despedir a 1500 empleados y vender miles de hectáreas de campos de ensayo. El presupuesto del INTA para 2025 es de 223.000 millones de pesos, un monto que representa solo el 2,3% de las retenciones al agro, mientras genera ingresos anuales estimados de entre 20 y 40 mil millones de dólares. A pesar de esto, se argumenta que gasta demasiado en salarios, algo que Ariel Pereda, director del INTA, desmiente: "En 2022, nuestra proporción fue de 75/25 (sueldos/funcionamiento), pero contamos con financiamiento externo que eleva nuestro margen operativo real a una relación saludable de 70/30".

 El INTA no solo es eficiente, sino también transparente: no tiene registros de corrupción ni observaciones de la Auditoría General de la Nación. Además, sus investigadores son reconocidos internacionalmente, como el virólogo Humberto Debat, quien trabajó en el monitoreo de variantes del SARS-CoV-2 y en el estudio de plagas agrícolas. Para Debat, los recortes afectan más que la infraestructura científica: "No se trata solo de laboratorios o proyectos paralizados; se trata de romper la vocación de quienes dedicamos la vida a hacer ciencia pública".

   Otro organismo amenazado es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), creado en 1957 para apoyar a la industria argentina. Es líder regional en metrología, calibrando instrumentos esenciales para el comercio y la seguridad. En los últimos años ha perdido casi un tercio de su personal por jubilaciones no reemplazadas y retiros voluntarios.

   El INTI también corre el riesgo de perder su autonomía si se aprueba el decreto que lo centralizaría bajo el Ministerio de Economía. Esto afectaría su capacidad de generar recursos propios, firmar convenios internacionales y proteger patentes. Yamila Mathon, funcionaria del INTI, explica: "Somos responsables de certificar productos desde alimentos hasta ascensores. Si desapareciera el INTI, toda la población se vería afectada".

La crisis también alcanza al espacio. VENG, empresa ligada a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), encargada de satélites y lanzaderas, enfrenta despidos y parálisis de proyectos. Entre ellos están los satélites SAOCOM 2 y el cohete Tronador, programas claves para la soberanía tecnológica del país. Emiliano Baum, delegado de ATE en Conae, lamenta: "Estamos perdiendo décadas de trabajo. El programa espacial argentino está paralizado y los técnicos especializados pierden sus puestos".

   El modelo propuesto por el gobierno busca reducir el rol del Estado en ciencia y tecnología, priorizando el sector privado. Pero, como señala Baum, este enfoque no responde a ningún modelo exitoso del mundo: "Ni EEUU ni Europa dejan todo en manos privadas. Acá estamos destruyendo capacidades que tardaremos generaciones en recuperar".

   Los recortes no solo afectan a científicos e ingenieros, sino a toda la sociedad argentina. Desde los alimentos que consumimos hasta los estándares de seguridad que nos protegen, dependemos de estos organismos. La ciencia pública tiene un valor técnico, pero sobre todo un papel en la construcción de una nación más justa y soberana.