El Gobierno nacional dio los primeros pasos para reformar en profundidad a la Policía Federal Argentina con la ambición de convertirla en una fuerza especializada al estilo del FBI estadounidense. El núcleo del plan es la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que estará orientado a delitos federales complejos, como el narcotráfico y el crimen organizado. El proyecto ya cuenta con un decreto finalizado, aunque todavía no se oficializó su publicación.

El rediseño implicará una modificación de la Ley Orgánica de la fuerza e incluirá la incorporación de universitarios graduados mediante un nuevo sistema de ingreso. Además, se declarará a la PFA en emergencia durante dos años para permitir contrataciones directas que aceleren su transformación. La iniciativa también plantea cambios en el sistema de carrera, permitiendo que suboficiales con experiencia puedan ascender sin recorrer el camino tradicional.

Una de las innovaciones más sensibles es la habilitación para que los efectivos puedan realizar detenciones sin orden judiciales casos con presunción de delito, por un lapso de hasta diez horas. Del mismo modo, se los autorizará a requisar vehículos y otros medios de transporte si hay indicios de actividad criminal. También se prevé una vigilancia activa de espacios digitales con capacidad preventiva, sin necesidad de intervención de la justicia.

El plan incluye una expansión territorial: actualmente, el 70% del personal está concentrado en Buenos Aires y se busca revertir esa proporción para alcanzar una cobertura más equitativa en el interior. Para lograrlo, se proyecta un incremento anual del 10% en el despliegue de efectivos fuera del AMBA. El DFI trabajará en coordinación con nuevas superintendencias regionales, centradas en inteligencia criminal, protección de objetivos estratégicos y apoyo forense.

A nivel administrativo, se creará un Departamento Federal de Coordinación, que gestionará áreas clave como Recursos Humanos y Comunicaciones. El Ejecutivo pretende fortalecer los vínculos operativos con fuerzas provinciales y otros organismos del Estado, como el Ministerio Público Fiscal o la Unidad de Información Financiera, con el objetivo de compartir datos e inteligencia que permitan desarticular redes delictivas con mayor eficacia.