El presidente Javier Milei encabezó este martes el anuncio de la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), una nueva división que transformará a la Policía Federal en una fuerza orientada exclusivamente a la investigación del delito complejo. La medida, formalizada mediante el Decreto N° 383/2025, implica una reconversión integral de la institución, que dejará de cumplir tareas de patrullaje urbano —asignadas a las policías locales— para centrarse en la prevención, investigación y desarticulación de organizaciones criminales. "El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas", sostuvo el mandatario, al tiempo que afirmó que se equipará a la fuerza con "tecnología de punta".

Durante el acto, realizado en la sede del Cuerpo de Policía Montada, Milei aseguró que con esta reforma "la Policía Federal trabajará en la raíz del delito para eliminarlo de fondo, y no en el síntoma". En ese sentido, prometió una reconfiguración alineada con estándares internacionales como los del FBI, incluyendo mejoras en tecnología forense, sistemas informáticos y de comunicación. El presidente también aprovechó la ocasión para criticar a las administraciones anteriores, a las que acusó de haber "desprotegido a la sociedad con su ideología pro-delincuente", y ratificó su lema de gestión en materia de seguridad: "El que las hace, las paga".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó que el nuevo rol de la fuerza federal estará orientado a "llegar al hueso de cada una de las organizaciones criminales" en el país. Explicó que, para lograr esa especialización, se retirará a la Policía Federal de sus tareas tradicionales en el ámbito porteño y se desplegará al DFI en todo el territorio nacional. "No habrá un solo lugar donde pueda implantarse una organización criminal sin que el DFI actúe para impedirlo", afirmó, aludiendo a delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Según lo establecido en la reforma, la nueva estructura buscará una mayor eficiencia operativa mediante la profesionalización de sus agentes, la articulación directa con el Poder Judicial y una fuerte inversión en capacidades tecnológicas. El Gobierno considera que esta reorientación es clave para enfrentar el delito organizado de forma sistémica, fortaleciendo la capacidad del Estado para prevenir y neutralizar amenazas que exceden el nivel local.