La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso extraordinario presentado por los abogados del Grupo Macri en el marco de la causa penal por el acuerdo de pago de deuda entre Correo Argentino S.A. y el Estado nacional. El planteo buscaba recusar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico por presunta falta de imparcialidad, alegando una supuesta "enemistad manifiesta" con el expresidente Mauricio Macri. El máximo tribunal consideró que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva ni de efectos equivalentes, y resolvió desestimarlo sin más trámite.

La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes además intimaron a los recurrentes a realizar un depósito judicial bajo apercibimiento de ejecución. Los camaristas recusados ya habían sido ratificados por la propia Cámara Federal y por la Cámara de Casación, donde el juez Javier Carbajo concluyó que "no existían elementos objetivos" que sustentaran el temor de parcialidad invocado. La defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher —presidente y abogado del Correo— había argumentado que Farah fue presionado por el macrismo durante su gestión y que Boico actuó como defensor de Cristina Fernández de Kirchner en causas sensibles, por lo que ambos estarían condicionados.

La causa, en manos del juez Ariel Lijo desde 2017, investiga posibles delitos cometidos en el acuerdo alcanzado entre la empresa y el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, Correo Argentino S.A. —que se encontraba en concurso de acreedores desde 2001— propuso un plan de pago que implicaba una quita de casi el 99% del total adeudado. Ese esquema fue calificado por la fiscal Gabriela Boquín como "ruinoso y abusivo". La maniobra no fue homologada judicialmente, pero el acuerdo sí fue firmado por autoridades del Poder Ejecutivo, entre ellas el entonces ministro Oscar Aguad, quien figura entre los imputados.

Entre los investigados también están directivos cercanos a la familia Macri, aunque el expresidente no figura formalmente en la causa. Tampoco se descarta que eventualmente pueda involucrar a sus hijos, que integraron el directorio de la compañía. La última medida judicial de relevancia en el expediente se remonta a 2019, cuando se ordenó una pericia contable para evaluar el perjuicio fiscal. Con la intervención de la Corte, el expediente vuelve a quedar en condiciones de avanzar, a pesar de los reiterados intentos por frenar su curso.