Desde este lunes 1 de julio, YPF aplicará una suba del 3,5% en los precios de sus combustibles en todo el país. La decisión responde a una actualización contemplada en función de la cotización internacional del petróleo, la variación del tipo de cambio y los precios de biocombustibles. No obstante, uno de los factores centrales fue la autorización del Gobierno nacional para incrementar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que impacta directamente en los surtidores. Mientras tanto, el Ejecutivo enfrenta fallos judiciales adversos en Estados Unidos por la expropiación de YPF, lo que agrava el panorama para la petrolera estatal.

Como parte de una nueva estrategia comercial, YPF también implementará un esquema de precios diferenciados por franjas horarias y modalidades de carga. Durante la madrugada, entre las 0 y las 6, quienes abonen mediante la aplicación oficial de la empresa accederán a un descuento del 3%. Este beneficio puede elevarse hasta el 6% si se utiliza además el sistema de autodespacho, disponible solo en algunas estaciones. Sin embargo, la empresa aclaró que provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy no podrán acceder al esquema completo debido a restricciones legales locales.

Desde la compañía aseguran que este nuevo enfoque busca consolidar un "cambio cultural" en la forma de consumir combustible, priorizando la flexibilidad y la experiencia del cliente. Sin embargo, en la práctica, el nuevo esquema genera una segmentación que deja afuera a quienes no cuenten con acceso a la app o residan en distritos donde el autodespacho está prohibido. La eficiencia tecnológica se convierte así en una barrera más, en un contexto donde el alivio en el surtidor depende del conocimiento digital y del horario disponible del usuario.

En paralelo, la suba de impuestos que habilitó estos incrementos refleja la continuidad del ajuste fiscal promovido por el Gobierno, que si bien recorta transferencias, mantiene activos los aumentos en servicios esenciales. La política de precios de YPF, con descuentos condicionados y limitados, deja entrever un corrimiento del Estado como garante del acceso universal a la energía, delegando en el mercado —y en el algoritmo— el rol de equilibrar los costos.