La jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera que controla desde 2012 a Burford Capital, principal beneficiario del fallo que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por no haber cumplido con el estatuto de la compañía al momento de la nacionalización. Con intereses, la deuda ya supera los 17.500 millones y continúa en aumento. El Gobierno argentino apelará la decisión, en un intento por frenar las consecuencias inmediatas.

La sentencia exige que las acciones sean depositadas en una cuenta del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días y luego transferidas a los demandantes. El fallo despertó un fuerte impacto en los mercados: las acciones de YPF cayeron hasta un 8% en Wall Street y el dólar aceleró su suba en el mercado local. Aunque la empresa no forma parte directa de la condena, su vínculo con el litigio genera repercusiones sobre sus finanzas y sus planes de expansión en Vaca Muerta y la exportación de gas natural.

En paralelo, la Procuración del Tesoro encabezará la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, donde se espera que la causa entre en un período de relativa quietud mientras se definen fechas para las audiencias orales. Expertos señalan que la ejecución del fallo podría retrasarse, pero no descartan que se exijan garantías por hasta 10.000 millones de dólares para evitar embargos, algo que Argentina ya rechazó en el pasado por falta de activos disponibles.

El proceso se complejiza aún más por una legislación local que impide transferir las acciones sin la aprobación del Congreso con mayoría especial, lo que añade obstáculos políticos a una disputa legal ya delicada. Mientras tanto, Burford busca presionar con más acciones judiciales y el Gobierno enfrenta el dilema de negociar o asumir los costos crecientes de un fallo adverso en una causa que arrastra consecuencias desde hace más de una década.