El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezó este martes una reunión clave con los ministros de Economía de todo el país. El objetivo: intentar desactivar el conflicto por el reparto de fondos nacionales, particularmente el Impuesto a los Combustibles Líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional. La convocatoria se produjo en medio del avance de un proyecto de ley firmado por los 24 gobernadores, que busca modificar el esquema vigente y obtener mayor autonomía en la distribución de recursos.

La iniciativa de los mandatarios propone eliminar dos fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles y redistribuir el excedente de los ATN en base a un coeficiente coparticipable. Desde las provincias aseguran que estos fondos les pertenecen y que el cambio no afectaría el superávit fiscal. La reacción del Gobierno fue cautelosa: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que la propuesta no será aceptada en los términos planteados, pero dejó abierta la puerta al diálogo. "Buscamos alternativas para llegar a un acuerdo. Si no, se discutirá en el Congreso", afirmó.

El encuentro en el Palacio de Hacienda coincidió con la publicación de nuevos datos fiscales que evidencian un aumento interanual del 6,5% en las transferencias automáticas a las provincias durante junio, aunque con una caída del 4,3% respecto al mes anterior. Según el IARAF, en el primer semestre del año los envíos totalizaron $28,5 billones, con una suba del 3,5% en términos reales, pero aún por debajo de los niveles de los últimos cinco años. Para muchas provincias, esta caída compromete el pago de sueldos y aguinaldos.

Detrás de la disputa técnica, subyace un malestar político profundo. Gobernadores de diferentes espacios —incluso algunos aliados— manifestaron su disconformidad con la actitud del Ejecutivo. Acusan a la Casa Rosada de incumplir compromisos, actuar con desdén frente a sus reclamos y privilegiar criterios electorales antes que institucionales.

El clima se enrarece aún más en la antesala de una sesión clave en Diputados, donde sectores opositores buscarán avanzar con iniciativas que el presidente Milei ya anticipó que vetará. Algunos gobernadores ya anticiparon que podrían dejar de acompañar esos vetos si no se atienden sus reclamos financieros. Mientras tanto, desde el oficialismo se especula con una estrategia alternativa: negociar acuerdos bilaterales con algunos mandatarios y desactivar así el frente unificado. En cualquier caso, el desafío para la Casa Rosada es evitar que la disconformidad provincial derive en un bloque de poder que comprometa su gobernabilidad.