El Gobierno nacional avanza en la redacción de un decreto que le permitiría intervenir directamente en las decisiones del Conicet, el principal organismo de investigación científica del país. La medida apunta a modificar el sistema de gobernanza del Consejo, de modo que el Poder Ejecutivo pueda definir las áreas de estudio prioritarias según su criterio, aunque aún no hay fecha confirmada para su publicación en el Boletín Oficial.

La iniciativa ya pasó por las áreas técnicas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y por la Secretaría Legal y Técnica. Según trascendió, el proyecto contaría con el aval presidencial, aunque sectores del oficialismo reconocen que podría demorarse. Además, ya está listo un decreto que reconfigura el directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, reduciendo de once a tres los miembros que decidirán el financiamiento de proyectos.

Tiempo atrás, el organismo fue criticado por referentes del actual oficialismo por desarrollar investigaciones sobre temas considerados banales e intrascendentes para el desarrollo nacional. Durante la campaña del 2023, la actual vicepresidente Victoria Villaruel había hecho referencia durante un debate a una investigación titulada: ‘Historieta anal: cuando el cómic nos abre el c... (y nos gusta)’; "Investigar el ano de Batman no es ciencia", había manifestado la compañera de fórmula del presidente Javier Milei.

El Ejecutivo también evalúa reformar los criterios de ingreso al Conicet, con el objetivo de desplazar a investigadores vinculados a las ciencias sociales y humanidades. En su lugar, se priorizaría la incorporación de perfiles técnicos con orientación en energía, salud, minería y tecnología. Aunque no se avanzó aún en una reestructuración del organismo, se mantiene en carpeta una revisión de los departamentos existentes.

Actualmente, el Conicet cuenta con más de 26 mil trabajadores, distribuidos entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo. Su presupuesto asciende a 580 mil millones de pesos y está dirigido por un directorio de ocho miembros y un presidente designado por el Ejecutivo. La nueva medida podría modificar ese equilibrio, reforzando el control del gobierno central sobre la producción científica en el país.