El presidente Javier Milei canceló a último momento su viaje a Tucumán, donde iba a participar de la vigilia por el 9 de Julio en la Casa Histórica. La Casa Rosada informó que la decisión se debió a "condiciones climáticas adversas", particularmente la niebla que impidió garantizar el regreso del mandatario a Buenos Aires. Sin embargo, la explicación oficial llegó en medio de un visible vacío político: apenas tres gobernadores habían confirmado su presencia en el acto, muy lejos de los 18 que acompañaron la firma del Pacto de Mayo el año anterior.

La convocatoria presidencial fue cursada por canales protocolares y sin gestiones políticas previas, lo que dejó en evidencia el deterioro del vínculo entre el Gobierno nacional y las provincias. En las últimas semanas, los 24 gobernadores presentaron en bloque proyectos clave para restituir fondos y modificar impuestos, enfrentando la resistencia del oficialismo. A la falta de consensos se suman recortes en transferencias, el desmantelamiento de organismos como Vialidad Nacional y una creciente falta de interlocución política con la Nación.

Leandro Zdero y Gustavo Valdés, mandatarios de Chaco y Corrientes, habían confirmado su ausencia en Tucumán. Optaron por encabezar actos institucionales en sus provincias, con desfiles, discursos y ceremonias patrias que contrastan con la soledad que enfrentó Milei en la convocatoria federal. Desde los gobiernos locales evitaron declaraciones confrontativas, pero dejaron entrever que la ausencia no fue casual: responde a una tensión acumulada por la falta de respuesta del Ejecutivo nacional a los reclamos regionales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien confirmó la suspensión en redes sociales, asegurando que la decisión se tomó en base a informes de la Casa Militar y la Fuerza Aérea. Sin embargo, el argumento climático fue percibido como un intento de disimular el escaso respaldo político. En un escenario donde el federalismo aparece más fragmentado que nunca, la ausencia de gobernadores en una fecha patria simbólica deja un mensaje claro: las provincias reclaman un trato más equitativo, y no están dispuestas a convalidar gestos que no vengan acompañados de hechos concretos.