La inseguridad alimentaria infantil en Argentina alcanzó niveles alarmantes durante el año pasado, afectando al 35,5% de las niñas, niños y adolescentes del país, es decir, a más de 4,3 millones de chicos. El dato surge del último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA), que advierte: "La inseguridad alimentaria afecta especialmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas". La situación más extrema —es decir, cuando los chicos pasan hambre— alcanzó al 16,5% de las infancias.

Los hogares monoparentales registraron 12 puntos más de incidencia que los biparentales. A su vez, las familias de cinco o más miembros mostraron mayores niveles de inseguridad alimentaria. El informe, titulado "Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual", también señala que el empleo es el factor más determinante: los hogares con empleo precario llegaron al 51% de inseguridad alimentaria. "Esta tendencia confirma la fuerte asociación entre la inestabilidad laboral de los adultos y el acceso limitado a una alimentación adecuada", subrayan Ianina Tuñón y Agustín Salvia, coordinadores del estudio.

En términos regionales, el AMBA volvió a marcar los peores niveles desde 2017, pero el interior del país acortó distancia: 36% en el conurbano y 35% en el resto del país. La escolaridad también es un factor clave: "Los hogares con chicos con déficit educativo presentan niveles más altos de inseguridad alimentaria, posiblemente por la falta de acceso a comedores escolares y redes de contención", explica el informe. Desde 2020, esa brecha se amplió, reflejando el deterioro de las condiciones de vida en sectores excluidos del sistema educativo.

Aunque las transferencias de ingresos como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar ayudan a reducir los niveles de inseguridad, su efecto es limitado. "Reducen la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos del índice, pero no alcanzan frente a la precariedad laboral estructural", sostienen los investigadores. Y concluyen: "Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria".