Tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia del 8 de julio, que implica la desregulación del INTA y del INASE, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria manifestaron una fuerte preocupación ante los cambios estructurales que impone la medida. Desde la Estación Experimental de Sáenz Peña, Chaco, se encendieron las alarmas por la pérdida de autonomía institucional y el riesgo de despidos masivos.

"Perdemos nuestra autarquía total y pasamos a depender de una sola persona", afirmó María Alejandra Simonella, directora del centro experimental chaqueño. Según explicó, el decreto elimina el tradicional Consejo Directivo de diez miembros —compuesto por representantes estatales y del sector agropecuario— y lo reemplaza por una estructura donde la última palabra la tendrá siempre el Estado. "Pierden lugar las entidades del campo y se debilita la representatividad que supimos construir en casi 70 años", agregó.

Otro de los puntos críticos señalados es el posible recorte de personal. Simonella advirtió que ya se habla de una reducción de 1.500 puestos sobre una planta de 6.000 trabajadores a nivel nacional, lo que afectaría aún más a regiones como el interior chaqueño, donde las vacantes no se recuperan tras jubilaciones o fallecimientos. "Ya somos menos de los que deberíamos ser y hay sectores muy comprometidos por la falta de personal", sostuvo.

Desde el plano gremial, Orlando Pachinsky, secretario de APINTA, anticipó una serie de acciones para frenar la implementación del decreto. "Se están presentando medidas cautelares en distintos juzgados federales del país, y mañana habrá una movilización al Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger", detalló. También confirmó gestiones ante legisladores y gobernadores provinciales. "No negamos que haya cosas para mejorar, pero no es la forma. Esto se hizo sin un análisis serio de la realidad que viven las estaciones experimentales, especialmente en el interior", concluyó.